El siete de agosto de 1990, en su
discurso de posesión el ex presidente de Colombia, líder del nuevo liberalismo,
Cesar Gaviria Trujillo anunciaba, como si fuera un acto heroico, que “… el
tema de la privatización, tiene importancia en nuestro medio en lo que hace
relación con algunos servicios ferroviarios y portuarios, en el sector
financiero, en algunas empresas industriales y comerciales del estado y en el
sector de las Telecomunicaciones, que no se puede seguir desarrollando como un
poderoso monopolio estatal…”. También condenó las relaciones obrero patronales
(y al sindicalismo) como un obstáculo para la llegada de inversión extranjera y
para la competitividad del empresariado colombiano.
Para remover del camino los obstáculos
odiosos, entre ellos al sindicalismo beligerante que impedía el desarrollo y
mantenía unas relaciones obrero patronales muy costosas para el empresariado,
se necesitaba una reforma laboral, y para eso estaba un jovencito “brillante”,
de apellido Uribe Vélez, también liberal, que por esos años se estrenaba como
senador y proyectó la más agresiva reforma laboral que se haya aprobado en
Colombia, la ley 50 de 1990, que dejó a los trabajadores sin cesantías, sin
estabilidad, entre otros aspectos; y sentenció la muerte del sindicalismo y los
derechos laborales y sociales adquiridos, todo en favor de las grandes empresas
nacionales y extranjeras. Acabábamos de recibir la bienvenida al futuro, según
Gaviria.
Después de eso vino la debacle en
nombre del desarrollo neoliberal, porque este ya había tocado nuestras puertas
después de la segunda guerra mundial, destinando a este país en “vía de
desarrollo” el vergonzoso papel de proveedor de materias primas, por orden, así
le suene muy mamerto a la derecha, del imperialismo norteamericano, que después
se expuso en unos documentos “secretos” llamados Santa Fé I y II, cómo, cuándo
y dónde debíamos comportarnos y a quién le debíamos recibir órdenes en todos
los aspectos: militares, sociales, económicos y políticos. Luego, el mismo
joven “brillante” proyectó la reforma pensional y de seguridad social, ley 100
de 1993, y nos mandó a todos a regalarle la plata al sector financiero privado.
Desde entonces cantamos a los cuatro vientos que esa platica se la iban a robar
y nadie lo creyó; hoy los Palacinos y los Saludcoop, nos dan la razón.
La mayoría de privatizadores que se
rasgan las vestiduras por la entrega de Isagen, fueron los mismos que jugaron
en los años noventa un papel inquisidor y depredador contra las empresas
estatales y los trabajadores; el caso más emblemático es el de Telecom, la
empresa de telecomunicaciones más avanzada de Latinoamérica y que junto con
Ecopetrol generaban superávit a los colombianos. Esta empresa fue deliberada y
cínicamente marchitada por una caterva de tecnócratas, elementos de seguridad
del Estado, medios masivos de comunicación, paramilitares, juristas, fiscales,
economistas, etc., conducidos por el Estado. Fueron llevados a prisión a mediados
del año 1992, 13 trabajadores y técnicos
de Telecom, acusados de terrorismo, por defender el carácter público de la
estatal de comunicaciones. También fueron torturados y asesinados los técnicos Joaquín María Caicedo, Islem de Jesús Quintero, Orlando
Frías Parada y el abogado defensor de los sindicalistas, el ilustre Eduardo
Umaña Mendoza.
De todas
maneras, de nada sirvió la digna lucha de los trabajadores estatales, porque
cuando el joven “brillante” llegó a la presidencia de la república en el 2002,
una de sus grandes tareas fue la de liquidar Telecom, entregársela a las
transnacionales privadas con todo e infraestructura y despedir a sus 10.000
trabajadores. Muchos que no se percataron de la noticia llegaron como todos los
días a laborar y no pudieron hacerlo porque el ejército se los impidió. Así
obró el mismo que hoy se opone a la entrega de Isagen y que en 2007 privatizó
el 19% de acciones que tenía la nación allí, y en 2008 a través de su ministro
de hacienda Oscar Iván Zuluaga la ferió en 3.2 billones. Pero no la pudo
vender.
Y
Pastrana también la ofreció, y le sacó plata para pagar otras deudas en 1999 y
la dejó al borde de la quiebra. Todos los presidentes y toda la oligarquía
nacional están postrados a los designios del capital financiero transnacional,
y seguirán estándolo con Vargas Lleras en el 2018. Todos seguirán vendiéndonos
la idea de modelo desarrollista, haciéndonos creer que por el camino de la
modernidad, de la infraestructura, de las reformas capitalistas llegaremos al
desarrollo. Y a pesar de más de un siglo de lo mismo aún hay ingenuos que lo
creen.
La vía al
desarrollo solo existe para los países ricos que se pueden desarrollar gracias
a las materias primas que nos extraen, y por eso como lo dice el economista
Alberto Acosta en sus documentos sobre este tema, nosotros tenemos la maldición
de la abundancia, porque no hay un solo país que gracias a sus reservas de recursos
naturales haya dado ese paso. Todo lo contrario, los ejemplos abundan y todo un
continente como el africano paga con sudor, hambre y sangre esa maldición; y América
Latina también.
Y lo que
viene sucediendo al ciclo democratizador en América latina tiene mucho o todo
que ver con el modelo desarrollista, porque es muy difícil gobernar con ropa
prestada. De nada sirve alcanzar el gobierno si no se puede aplicar un nuevo
modelo propio, que abra camino separado del desarrollo y en especial que
empiece a cambiar la lógica de subsidiar a su pueblo, montado en el lomo del
toro del extractivismo, un toro que destruye el planeta y deja todos los
escombros para que los recojan los heridos. Eso le sucede a Venezuela, a
Ecuador y a Bolivia principalmente. Y por eso a los colombianos de nada nos ha
servido tener mucha agua y electricidad y tener que pagarla costosa; o tener
Carbón y no tener energía térmica, y tener petróleo y pagar la gasolina más
cara del mundo.
En
Colombia, Santos mostró los dientes y con la suficiencia de quien se siente
ganador ha dicho a boca llena que la paz es el mejor negocio. ¡Eso, negocio!
porque necesita a las insurgencias sin armas y fuera de los territorios que
tienen los recursos energéticos. O sea, necesita un país sin guerrillas y sin
protesta social para echar a andar el PND y los cientos de megaproyectos que se
ciernen sobre el territorio nacional. La venta de Isagen es la
cuota inicial, que solo le aportará 6.48 billones a las vías 4G; una bicoca
porque toda la propuesta cuesta 50 billones al Estado, o sea a nosotros. Y por
eso se privatizará Ecopetrol y se privatizará todo, como dijo Saramago, hasta
la puta que los parió.
Ya no
basta salir a movilizarnos, además hay que salir a rechazar el modelo económico
y el desarrollismo que nos mata. No basta con el gran paro nacional que se
planea para mediados de año y al que deberíamos salir todos y todas, pero sin
manoseos de la derecha entreguista y cínica. Hay que unirnos, toda la clase
popular como decía Camilo Torres; protestar y construir la propuesta social y
política, la del buen vivir, aquella en donde la productividad, el consumo insaciable
y el crecimiento o desarrollo económico no sean los que señalen el éxito; una
propuesta que enamore a un pueblo, que eduque a las nuevas generaciones en la
convivencia pacífica, en el respeto por la vida y la diversidad, también por el
planeta, pero sacudido de la influencia bipartidista liberal - conservadora de
la oligarquía asesina, egoísta y entreguista que nos ha gobernado por más de
dos siglos.
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