Por: Periferia
Bogotá
El pasado 25 de octubre durante la jornada
electoral de gobernadores, concejales y alcaldes, el municipio de Guamal,
ubicado al suroriente de la capital del país en territorios de la Orinoquía
Colombiana, fue escenario de múltiples delitos electorales. En este municipio,
que cuenta con una población total de 10.956 habitantes, 7.258 pertenecientes a
la cabecera municipal y 3.698 a la Zona Rural, se anunciaron 2.256 votos, de los cuales un 34.80% fueron para
Cristóbal Enrique Lozano Caicedo del Partido Conservador-Centro Democrático, quien
resultó ser el alcalde electo de esta jornada.
Guamal contó con tres puestos de votación: dos
puestos ubicados en Orito y Humadea, y uno en el colegio José María Córdoba, en
la cabecera municipal, donde se presentaron las inconsistencias que fueron
denunciadas durante el evento electoral: además de los delitos que se suceden entre trashumancia de
electores, violación de la cadena de custodia, actas E14 sin escrutar, algunos
participantes de las mesas, entre presidentes y testigos, denunciaron carencia de
garantías para los representantes de la Registraduría en estas jornadas.
Desde el principio, el proceso presentó
irregularidades. En la capacitación de
los miembros de la mesa se otorgó total poder a los jurados y demás integrantes
de las mismas, para decidir si permitían o no votar. Lo grave, es que se delegó
esta responsabilidad al criterio de cada uno. Así mismo, comenzando la jornada,
el registro de asistencia de los jurados de votación y demás integrantes de las
mesas, presidentes y testigos, se hizo a mano, pues el formato con los nombres
impresos por la Registraduría nunca llegó a Guamal. Esto dio pie a que personas
ajenas al personal autorizado estuviesen presentes en las mesas a la hora de iniciar el conteo
de votos.
Según denunciaron jurados y testigos, a las
mesas llegaban personas extrañas a votar. Por ejemplo, según informó una
persona identificada como testiga electoral, a una mesa llegaron 2 votantes
hombres y 268 mujeres desconocidas en el pueblo y extrañas a la comunidad. En
los puestos se hizo presente mucha gente que venía de clima frío y con maletas.
La mayoría de cédulas eran de Cundinamarca y Boyacá, mientras que la anulación de cédulas a los
habitantes de Guamal fue exagerada. Además de las personas extrañas a la
población, se presentaron otras tantas en condiciones de embriaguez y constreñimiento, y algunas otras armadas,
según testigos.
La policía, por su parte, descuidó el
acompañamiento que debían hacer a los funcionarios cuando estos requerían la
seguridad para ser protegidos de ciudadanos que tampoco fueron requisados y
asistieron armados a votar. Un ejemplo
de ello: un votante se presentó con una cédula que parecía un papel cualquiera
y el ciudadano argumentaba que la tenía desde el tiempo de servicio militar,
por eso su mal aspecto. Aún con ello, se le permitió votar para evitar el
riesgo que implicaba su cuchillo al cinto y el alterado estado que amenazaba la
vida de los integrantes de la mesa.
Pero la “seguridad” no era inexistente.
Dentro del recinto, vigilaba las jornadas personal privado, vestido con buzo y cachucha de color azul, igual que el señor
Fabio Peña, quien según la comunidad, no es funcionario de la Registraduría y
tiene una reconocida trayectoria paramilitar en el Meta. Este personal,
cuentan, hace parte del grupo político de Jorge Tadeo Lozano, hermano del coronel Cristóbal Lozano.
Dado el flujo superior de votantes a la
capacidad de las mesas, los jurados se vieron obligados a dejar de lado el
control biométrico que valida las cédulas aptas para votar y descarta las
anuladas, orden que fue reforzada por la
Registraduría, quien permitió suspender este control pasado medio día.
Entre irregularidades, también se denunció
que desde una de las mesas, uno de los jurados pidió a la policía que hiciese
seguimiento a los votantes que llamaban a decir: “Ya voté”, como quien informa en una posición de sumisión porque su
voto corresponde a una intimidación o coacción. Otros tomaban fotos de los
votantes en las mesas para que también les hicieran seguimiento.
Además, se informó que emanaron órdenes de
personas no oficiales en las mesas de votación, oponiéndose al cierre de las
bolsas que contenían los votos de la alcaldía, para que este procedimiento no
se hiciera con el respectivo sello de la Registraduría, por parte de algunos
integrantes de las mesas que alcanzaron a contar los votos para la alcaldía.
Esto aunque una y otra vez se requirió que había que cerrar el formato
E14 contabilizado, el cual, entre otras, fue entregado a personal no
autorizado.
A pesar de la orientación nacional de no
portar colores referentes a los partidos en la jornada electoral, se vio a los
candidatos del partido de color azul con el del partido de color amarillo
enfrentados en un mano a mano de pregones ganadores al cierre de las
elecciones. Pregones que daban ventaja de un candidato sobre otro y desataron
la violencia dentro del puesto de votación ubicado en el colegio José María
Córdoba, presentándose el desbordamiento de todos los funcionarios que hacían
los escrutinios de las mesas hacia afuera, pues la policía desalojó al personal
que se encontraba en las instalaciones del colegio de forma descontrolada,
utilizando gases lacrimógenos. En este punto se rompió la cadena de
custodia de los votos escrutados para la
alcaldía y se dio al traste al conteo de los votos para la gobernación y el
concejo.
Por encontrarse en una posición de
vulnerabilidad, expuesta a la explosión de los disturbios, una de las testigos
electorales describe haber entregado a Fabio Peña, dentro de una tanqueta de la
policía, la caja abierta marcada con el número 23.
El descontrol en las calles que rodean el
colegio se desbordó extendiéndose por el pueblo durante las horas posteriores
al cierre de elecciones. Hubo desorientación y descontrol en la recogida de las
mesas y en la entrega de urnas y bolsas con los votos recolectados, los cuales
se entregaron a una autoridad diferente a la Registraduría que es la encargada
y capacitada para llevar a buen término el procedimiento de reconteo de los
tarjetones y la conformidad con las actas de las mesas.
Tres horas más tarde, con las bolsas
maltratadas, las urnas abiertas y dando cuenta de haberse transportado el material electoral en la tanqueta del
ESMAD de la policía, se certifica a la delegada de la Registraduría no haber
recogido las E14; tampoco hubo acompañamiento de personal alguno suscrito a la
Registraduría en el trasporte del material electoral. El sitio ubicado en la
casa pastoral habilitado para que los delegados de la Registraduría dieran final al escrutinio, fue rodeado por
una fuerza desmedida del ESMAD después de decretado el toque de queda a las
8.pm, habiéndose estado a la espera durante cuatro horas por el traslado de los
tarjetones marcados.
No ayudó en nada la postura del Registrador
desentendiendo los hechos cuando no aparecían las E14, ni los votos, ni el
material sobrante distribuido por un período de 4 horas de su supervisión. Además,
se hizo un escrutinio de las E14 encontradas en la tanqueta de la policía,
correspondientes a informes incompletos y no sujetos a verificación de delegado
alguno.
En el lugar destinado para recoger el
material electoral que arrojara resultados, aparecieron funcionarios de la
alcaldía local. Hubo falencias de autoridad electoral durante las horas
posteriores al cierre de elecciones, y se halló más material electoral a la
mañana siguiente dentro del colegio, encontrado en desorden: las mesas, las cajas,
urnas abiertas, votos sin
contar, tarjetones marcados, bolsas sin
sellar.
Se supone que la gente no debía entrar al
colegio, porque había material electoral ahí, por ello, el rector levantó un
acta donde se registró el hecho y se tomaron fotografías. En el acta intervienen la alcaldesa encargada,
Ana María Guevara, y otros funcionarios. Una profesora contó cinco paquetes abiertos
de votos marcados en un salón, en 5 rollos de votos de la mesa 2, 3 y 4 que no
se sabe si fueron contados o no, ni tampoco por qué los dejaron ahí.
El acta levantada a las 8:30 a.m. del día 26
de octubre, delata la capacidad de control
de los documentos cuyo destino era corroborar quién había ganado las
elecciones el día anterior; pero en ella se indica que no se cumplió con el
protocolo de seguridad para llevar a buen término el procedimiento de
recolección y conteo del material electoral del municipio.
A pesar de la dificultad para corroborar los
resultados, desde el día anterior se estaban emitiendo comunicados a la prensa en medio del caos y en estado de
emergencia, sin autonomía para verificar la totalidad e integridad de los tarjetones
marcados. Se anunciaba ya un ganador en una situación irregular rodeado de
funcionarios de la administración que no debían estar presentes, desestimando
los hechos: “ganamos en esta mesa”, era una frase que se escuchaba alrededor de
las 4.15 p.m, hora en que culminaba el primer conteo de votos a la alcaldía,
presentándose ventaja en un rife y rafe de gritos desde las mesas y desde fuera
del colegio en quién quedaba como ganador
entre los candidatos. Los jurados
encargados de salvaguardar los votos quedaron en condición de indefensión para
proteger el secreto de la voluntad ciudadana que le da el carácter como tal al
voto.
Con todo esto, integrantes de la comunidad demandan
la anulación de los comicios en Guamal, pues, recapitulando, no hubo garantías
en el escrutinio, especialmente, tras los disturbios provocados por uno de los
sectores políticos, y en consecuencia, ni siquiera los encargados del
procedimiento supieron dónde quedaron
las cajas, las bolsas con los votos y formatos E14; ellos solo vieron que las
urnas destapadas eran trasladadas junto a
las bolsas con votos marcados abiertas y sin sellar.
La
comunidad de Guamal reclama su derecho al voto secreto, sin constreñimiento, ni
coacción. En este aspecto, la
responsabilidad recae en el Estado para garantizar el desarrollo de jornadas
electorales dentro del ambiente propicio y adecuado en un día extraordinario de
la expresión popular. Así mismo, salvaguardar
la vida y también la condición de ciudadano es obligación de la fuerza
pública.
Se puede decir, que en Guamal, el 25 y 26 de octubre
se sucedieron las alcaldadas, que continuaron cuando dijo la alcaldesa
encargada en el puesto de votación donde encontraron los tarjetones marcados: “eso no sirve, hay
que botarlo, no sirve para nada”… y al final, si la gente sale corriendo con los votos en la mano, todo
se pierde.
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