La Unión Sindical Obrera le apuesta a la Paz

Por Sara López Acevedo

Tomada de: www.es.lapluma.net

Como un proceso amplio, participativo, diverso e incluyente, que busca construir propuestas hacia una salida dialogada al conflicto colombiano, define John Pineda, vocero de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO –a la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. Este es uno de los principales esfuerzos de paz desde los sectores sociales que se ha venido gestado en el último tiempo, y que este año contó con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la Universidad Nacional, como entidades convocantes.

Antecedentes históricos

En el año 1996 se realizó la Primera Asamblea Nacional por la Paz, que tuvo como antecedentes la guerra que se concentró contra el movimiento social organizado de sectores industriales pujantes como Sofasa, Cementos Nare, Ingenios del Valle del Cauca, Trabajadores Agrícolas, Nestlé, el magisterio y los obreros sindicalizados de Ecopetrol, siendo el Magdalena Medio uno de los lugares donde más se desata esta represión, en medio de la cual se da el asesinato de Manuel Gustavo Chacón, dirigente de la USO.

Según relata John Pineda, es “en este ambiente de violaciones a los Derechos Humanos contra los trabajadores petroleros y pobladores de esta región, que la USO propone a la Administración de Ecopetrol disponer de una pequeña parte de sus ganancias para constituir lo que se llamó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, constituido en 1995; y propone en la Convención Nacional de este año, la necesidad que ECOPETROL se comprometa con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, y con aportar en la búsqueda de la solución política del conflicto social y armado”.

En el marco de dicho contexto, la Primera Asamblea propuso tratar la paz como una política de Estado, promoviendo los Acuerdos Parciales de Vigencia Inmediata, para afectar lo menos posible las comunidades que se encontraban en medio del conflicto, insistiendo además, tanto al gobierno como a la guerrilla dar cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario -  DIH. Una de las principales conclusiones de esta Asamblea fue “sacar el petróleo, a sus trabajadores y a las comunidades del conflicto armado, para lo cual se establecieron diálogos entre el gobierno nacional, la USO, Ecopetrol y el ELN. En lo organizativo, se dio inicio al proceso de construcción de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Por la Paz”, cuenta Pineda.

Segunda Asamblea Nacional por la Paz

El pasado 23 de julio de 2015 se llevó a cabo el lanzamiento de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, que le dio paso a todo un proceso de despliegue y diálogo en el ámbito territorial y regional. Sus objetivos principales han sido contribuir a una solución política del conflicto social y armado de Colombia; generar escenarios de diálogo a nivel regional y nacional entre los distintos sectores de la sociedad, el gobierno y la insurgencia, para tratar los conflictos mediante el diálogo amplio y democrático; explorar caminos para que un postacuerdo se convierta en desarrollo para las comunidades, hacia una paz verdaderamente estable y duradera; promover una política minero-energética que respete a los seres humanos y el ambiente, y que garantice que las ganancias de estas actividades sean invertidas en el bien de las comunidades; y difundir la propuesta de Ley Marco de Hidrocarburos que fue elaborada por la USO.

Durante los meses de julio y octubre, previo al evento nacional que tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre, se realizaron 40 Asambleas subregionales y 12 Regionales en distintos departamentos del país, que como señala Pineda, les permitió llegar a municipios que el Estado no ha tenido en cuenta para la implementación de políticas económicas, especialmente las minero-energéticas.

Las conclusiones de estas asambleas, resaltaron que el tema más sentido por las comunidades es el daño que la explotación minera le causa al medio ambiente y a los pobladores del territorio. Además, existe una demanda latente por el derecho al trabajo digno, por la responsabilidad empresarial y estatal en la forma como se extraen los recursos, y para que las ganancias de las actividades mineras sean invertidas en las comunidades. Así mismo, se evidenció el desacuerdo con la política minera y petrolera del Estado, que causa desolación, fractura  y dispersión de los tejidos sociales y sus organizaciones.

Para estos espacios, estuvieron como invitados diversos sectores sociales y populares, gremios empresariales, iglesias, gobiernos municipales y departamentales, agencias internacionales, entre otros. Sin embargo, el balance realizado dio cuenta de una amplia participación de las comunidades más afectadas por la violencia y pobreza, algunos mandatarios y entidades locales, y una nula participación de las organizaciones que agrupan los empresarios, hecho lamentable, pues como lo explicó Pineda, es en estos espacios que se pueden dialogar las diferencias.

Además de esto, “la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad que debería convocar con la USO esta Asamblea, se negó a hacerlo desde cuando se lo propusimos en diciembre del año pasado. Por el interés del Presidente de la República y del Ministro del Trabajo, se facilitó que el Ministerio del Trabajo fuera convocante. Y por iniciativa nuestra también se logró que la Universidad Nacional fuera una de las convocantes”, señala Pineda.

El evento nacional en Bogotá el 19 y 20 de noviembre de 2015, en el que se espera la presencia de más de 1.200 delegados de distintos sectores sociales y entidades que participaron previamente en las Asambleas Regionales, tiene, además de los objetivos planteados, la aspiración de consolidar una Mesa Minero energética que coordine los distintos espacios que han adelantado propuestas y movilizaciones en pro que los recursos minero–energéticos sean extraídos sin impactar negativamente el medio ambiente, dignificando a los seres humanos que laboran en las empresas o que habitan en el entorno. Se pretende “proyectar este pequeño pero valioso aporte para que el postacuerdo de las negociaciones entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y el ELN, se consolide en planes de vida, y fortalecimiento de la paz en Colombia. Así nos sentiríamos con el deber cumplido”, puntualizó Pineda.