Por
Gina Spigarelli
Según
la Organización Mundial para la Salud (OMS), el 35% de las mujeres a nivel
mundial tiene en su vida una experiencia de violencia sexual o física en su
contra. En Colombia, la Defensoría del Pueblo publicó la cifra de 5.243 casos
de violencia sexual contra la mujer reportados en el primer semestre de 2015, equivalente
a 38 agresiones diarias. En 2014 reportaron 1.106 mujeres asesinadas a nivel
nacional. La OMS también proclamó que, “las situaciones de conflicto,
posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia y dar lugar a formas
adicionales de violencia contra las mujeres”. En Colombia, este tipo de
violencia no solo está cimentada por una sociedad patriarcal, también es usada
como una estrategia de guerra para controlar el territorio, e intimidar y
desplazar comunidades.
Las
dos leyes nacionales que garantizan los derechos de las mujeres son la ley 1257
de 2008, por la cual son delito cinco tipos de violencias contra las mujeres:
física, psicológica, económica, patrimonial y sexual; la segunda es la ley 107
de 2013, popularmente conocida como la "Ley Rosa Elvira Cely", mujer brutalmente
asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. Esta ley es para “tipificar el feminicidio como un
delito autónomo, para fortalecer el marco jurídico que garantiza el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencias establecido por la Ley 1257 de 2008”.
Es
un trabajo exhausto fructificar una ley. Es una simultánea colaboración y lucha
entre movimientos sociales y funcionarios de Estado. Como dice Sandra Solano,
vocera nacional de La Confluencia de Mujeres para la Acción Pública: “El movimiento social de mujeres ha tenido gran contribución
en la construcción de legislación en contra de todas las formas de violencias
hacia las mujeres, gracias al empoderamiento político de diversas
organizaciones que a través de la organización popular, académica y política,
han permitido dar los debates y hacer exigencias al Estado con el fin de
garantizar mejores condiciones de vida a las mujeres, quienes han sido un
sector invisibilizado, explotado y asesinado por el patriarcado”.
Colombia es el octavo país en Latinoamérica en tipificar el feminicidio, el primero fue
México en 2007. Angélica Beltrán, coordinadora de
Antioquia para La Confluencia explica: “El Estado Colombiano tiene el deber de
garantizar los derechos de la ciudadanía, sin embargo derechos como la
seguridad, la libertad y la dignidad de las mujeres entre muchos otros, se ven
violados cotidianamente; las leyes 1257 y “Rosa Elvira Cely” son ganancias por
parte del movimiento social frente a las responsabilidades mínimas del Estado
de proteger la sobrevivencia de las mujeres en un contexto de conflicto social,
político y armado que determina nuestras posibilidades de existencia y del cual
es responsable el Estado Colombiano por acción u omisión. Estas leyes son
herramientas fundamentales para el camino de la justicia social del cual falta
mucho por recorrer”.
Sin embargo, una sociedad perversa que siga usando,
violando, deprimiendo y matando a las mujeres en este país no se puede cambiar
solo con una ley; es una lucha constante para cambiar algo que siempre ha sido
y sigue estando enquistado en el pensamiento y acción común de la población
colombiana. La Universidad de La Sabana hizo una encuesta en veredas de los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca a mujeres campesinas cabezas de hogar,
que evidenció lo problemático que es entender la violencia contra la mujer como
algo normal y aceptable: El 70% cree que la persona agredida es culpable; el
81% considera que la familia debe seguir unida pese a las agresiones; el 55%
piensa que los atacantes son violentos por naturaleza; el 31% cree que el
hombre debe demostrar que manda, sin importar el medio. Las cifras muestran el
trabajo de educación e incidencia que queda para que la población entienda
primero qué es la violencia contra la mujer, y segundo, cuáles son sus propios
derechos para defenderse de ella.
Reconocer que el Estado Colombiano ha avanzado en este
tema en términos de la agenda pública, no quiere decir que ha avanzado en la
justicia. Es sumamente preocupante el desconocimiento de los funcionarios
del Estado sobre las leyes que deben hacer cumplir y aún más cuando resaltan
avances en la agenda pública, sabiendo que en abril del año pasado, el foro
internacional Diálogos en Blanco-Purpura organizado por El Tiempo y el Consejo
Noruego para los Refugiados reveló que la impunidad para los casos de violencia
sexual contra mujeres llegó a una cifra del 98%. Hasta las mujeres que están
denunciando los delitos siguen abandonadas por el Estado que debería defender
sus derechos.
En un taller de formación realizado en el mes de noviembre por La
Confluencia en el marco de la campaña “Por el Derecho a Pensar, Existir y
Decidir”, se escucharon las voces de mujeres y procesos de la región de
Antioquia, quienes dieron ejemplos de las respuestas no adecuadas y violentas
cuando exigen sus derechos ante el Estado. “Esos tipos de violencia son tan
normales que la gente ni siquiera piensa en denunciar, o si una mujer va
asustada, la misma policía termina convenciéndola de irse para la casa,
diciéndole que si denuncia entonces va a prohibir al padre ver a sus hijos y
ella se siente culpable por denunciar la violencia contra ella misma”, dijo una
mujer participante del taller.
Beltrán continua: “En este panorama de injusticia que se sigue
presentando aún después de la expedición de las leyes, las comunidades y los
procesos sociales y políticos liderados por mujeres han buscado alternativas de
tratamiento de los casos de violencias, para cubrir por un lado el tratamiento
de los casos que se presentan, y por otro la importante tarea de prevención de
los mismos. Desde La Confluencia por ejemplo, se desarrollan iniciativas en los
sectores rurales como en veredas del Catatumbo, donde el tratamiento de los
casos se da desde la junta de acción comunal; promoviendo así ejercicios de
justicia comunitaria que empoderen políticamente a las comunidades y a las
mujeres especialmente”.
Como el problema es multifacético, así mismo debe ser la solución.
Hay que seguir en la lucha para que el Estado construya un sistema con
respuestas adecuadas y multi-sectoriales que se requieren para las necesidades
de las víctimas y supervivientes. Paralelamente hay que seguir pensando en
alternativas concretas para cada región de Colombia como economías alternativas
para las mujeres, que les permitan desligarse de sus agresores; procesos para fomentar la comunicación y las
relaciones interpersonales dentro de la comunidad; y educación popular para
cambiar las normas sociales en materia de género. “Es
de vital importancia generar, promover y sembrar debates que inciten a las
mujeres en general y especialmente a las mujeres populares como agentes activas
en la transformación social,” dice Beltrán.
Hay
una responsabilidad de la sociedad completa para cambiarse, y entender que el
maltrato a las mujeres en todas sus formas no es un tema de género, sino un
tema de la sociedad en su conjunto. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas
necesitan ser educados sobre los derechos humanos e indignarse para movilizarse
contra su incumplimiento. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La Confluencia cree que la
movilización es importante, no solo este día, sino constantemente. “Hoy nuestra disputa concreta como mujeres es la
despatriarcalización de nuestros cuerpos, territorios, educación, sociedad e
incluso del mismo movimiento social”.
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