miércoles, 16 de diciembre de 2015

Piden anulación de votaciones en Guamal, Meta


Por: Periferia Bogotá

El pasado 25 de octubre durante la jornada electoral de gobernadores, concejales y alcaldes, el municipio de Guamal, ubicado al suroriente de la capital del país en territorios de la Orinoquía Colombiana, fue escenario de múltiples delitos electorales. En este municipio, que cuenta con una población total de 10.956 habitantes, 7.258 pertenecientes a la cabecera municipal y 3.698 a la Zona Rural, se anunciaron  2.256 votos, de los cuales un 34.80% fueron para Cristóbal Enrique Lozano Caicedo del Partido Conservador-Centro Democrático, quien resultó ser el alcalde electo de esta jornada.

Guamal contó con tres puestos de votación: dos puestos ubicados en Orito y Humadea, y uno en el colegio José María Córdoba, en la cabecera municipal, donde se presentaron las inconsistencias que fueron denunciadas durante el evento electoral: además de los delitos  que se suceden entre trashumancia de electores, violación de la cadena de custodia, actas E14 sin escrutar, algunos participantes de las mesas, entre presidentes y testigos, denunciaron carencia de garantías para los representantes de la Registraduría en estas jornadas.

Desde el principio, el proceso presentó irregularidades.  En la capacitación de los miembros de la mesa se otorgó total poder a los jurados y demás integrantes de las mismas, para decidir si permitían o no votar. Lo grave, es que se delegó esta responsabilidad al criterio de cada uno. Así mismo, comenzando la jornada, el registro de asistencia de los jurados de votación y demás integrantes de las mesas, presidentes y testigos, se hizo a mano, pues el formato con los nombres impresos por la Registraduría nunca llegó a Guamal. Esto dio pie a que personas ajenas al personal autorizado estuviesen presentes  en las mesas a la hora de iniciar el conteo de votos.

Según denunciaron jurados y testigos, a las mesas llegaban personas extrañas a votar. Por ejemplo, según informó una persona identificada como testiga electoral, a una mesa llegaron 2 votantes hombres y 268 mujeres desconocidas en el pueblo y extrañas a la comunidad. En los puestos se hizo presente mucha gente que venía de clima frío y con maletas. La mayoría de cédulas eran de Cundinamarca y Boyacá,  mientras que la anulación de cédulas a los habitantes de Guamal fue exagerada. Además de las personas extrañas a la población, se presentaron otras tantas en condiciones de embriaguez  y constreñimiento, y algunas otras armadas, según testigos.

La policía, por su parte, descuidó el acompañamiento que debían hacer a los funcionarios cuando estos requerían la seguridad para ser protegidos de ciudadanos que tampoco fueron requisados y asistieron armados a votar.  Un ejemplo de ello: un votante se presentó con una cédula que parecía un papel cualquiera y el ciudadano argumentaba que la tenía desde el tiempo de servicio militar, por eso su mal aspecto. Aún con ello, se le permitió votar para evitar el riesgo que implicaba su cuchillo al cinto y el alterado estado que amenazaba la vida de los integrantes de la mesa.

Pero la “seguridad” no era inexistente. Dentro del recinto, vigilaba las jornadas personal privado, vestido con buzo  y cachucha de color azul, igual que el señor Fabio Peña, quien según la comunidad, no es funcionario de la Registraduría y tiene una reconocida trayectoria paramilitar en el Meta. Este personal, cuentan, hace parte del grupo político de Jorge Tadeo Lozano,  hermano del coronel  Cristóbal Lozano.

Dado el flujo superior de votantes a la capacidad de las mesas, los jurados se vieron obligados a dejar de lado el control biométrico que valida las cédulas aptas para votar y descarta las anuladas, orden que  fue reforzada por la Registraduría, quien permitió suspender este control pasado medio día.
Entre irregularidades, también se denunció que desde una de las mesas, uno de los jurados pidió a la policía que hiciese seguimiento a los votantes que llamaban a decir: “Ya voté”, como quien  informa en una posición de sumisión porque su voto corresponde a una intimidación o coacción. Otros tomaban fotos de los votantes en las mesas para que también les hicieran seguimiento. 

Además, se informó que emanaron órdenes de personas no oficiales en las mesas de votación, oponiéndose al cierre de las bolsas que contenían los votos de la alcaldía, para que este procedimiento no se hiciera con el respectivo sello de la Registraduría, por parte de algunos integrantes de las mesas que alcanzaron a contar los votos para la alcaldía. Esto aunque  una y otra vez  se requirió que había que cerrar el formato E14 contabilizado, el cual, entre otras, fue entregado a personal no autorizado.

A pesar de la orientación nacional de no portar colores referentes a los partidos en la jornada electoral, se vio a los candidatos del partido de color azul con el del partido de color amarillo enfrentados en un mano a mano de pregones ganadores al cierre de las elecciones. Pregones que daban ventaja de un candidato sobre otro y desataron la violencia dentro del puesto de votación ubicado en el colegio José María Córdoba, presentándose el desbordamiento de todos los funcionarios que hacían los escrutinios de las mesas hacia afuera, pues la policía desalojó al personal que se encontraba en las instalaciones del colegio de forma descontrolada, utilizando gases lacrimógenos. En este punto se rompió la cadena de custodia  de los votos escrutados para la alcaldía y se dio al traste al conteo de los votos para la gobernación y el concejo.

Por encontrarse en una posición de vulnerabilidad, expuesta a la explosión de los disturbios, una de las testigos electorales describe haber entregado a Fabio Peña, dentro de una tanqueta de la policía, la caja abierta marcada con el número 23.

El descontrol en las calles que rodean el colegio se desbordó extendiéndose por el pueblo durante las horas posteriores al cierre de elecciones. Hubo desorientación y descontrol en la recogida de las mesas y en la entrega de urnas y bolsas con los votos recolectados, los cuales se entregaron a una autoridad diferente a la Registraduría que es la encargada y capacitada para llevar a buen término el procedimiento de reconteo de los tarjetones y la conformidad con las actas de las mesas.

Tres horas más tarde, con las bolsas maltratadas, las urnas abiertas y dando cuenta de haberse transportado  el material electoral en la tanqueta del ESMAD de la policía, se certifica a la delegada de la Registraduría no haber recogido las E14; tampoco hubo acompañamiento de personal alguno suscrito a la Registraduría en el trasporte del material electoral. El sitio ubicado en la casa pastoral habilitado para que los delegados de la Registraduría  dieran final al escrutinio, fue rodeado por una fuerza desmedida del ESMAD después de decretado el toque de queda a las 8.pm, habiéndose estado a la espera durante cuatro horas por el traslado de los tarjetones marcados.

No ayudó en nada la postura del Registrador desentendiendo los hechos cuando no aparecían las E14, ni los votos, ni el material sobrante distribuido por un período de 4 horas de su supervisión. Además, se hizo un escrutinio de las E14 encontradas en la tanqueta de la policía, correspondientes a informes incompletos y no sujetos a verificación de delegado alguno.

En el lugar destinado para recoger el material electoral que arrojara resultados, aparecieron funcionarios de la alcaldía local. Hubo falencias de autoridad electoral durante las horas posteriores al cierre de elecciones, y se halló más material electoral a la mañana siguiente dentro del colegio, encontrado en desorden: las mesas,  las cajas,  urnas abiertas,  votos sin contar,  tarjetones marcados, bolsas sin sellar.

Se supone que la gente no debía entrar al colegio, porque había material electoral ahí, por ello, el rector levantó un acta donde se registró el hecho y se tomaron fotografías.  En el acta intervienen la alcaldesa encargada, Ana María Guevara, y otros funcionarios. Una profesora contó cinco paquetes abiertos de votos marcados en un salón, en 5 rollos de votos de la mesa 2, 3 y 4 que no se sabe si fueron contados o no, ni tampoco por qué los dejaron ahí.

El acta levantada a las 8:30 a.m. del día 26 de octubre, delata la capacidad de control  de los documentos cuyo destino era corroborar quién había ganado las elecciones el día anterior; pero en ella se indica que no se cumplió con el protocolo de seguridad para llevar a buen término el procedimiento de recolección y conteo del material electoral del municipio.

A pesar de la dificultad para corroborar los resultados, desde el día anterior se estaban emitiendo comunicados  a la prensa en medio del caos y en estado de emergencia, sin autonomía para verificar la totalidad e integridad de los tarjetones marcados. Se anunciaba ya un ganador en una situación irregular rodeado de funcionarios de la administración que no debían estar presentes, desestimando los hechos: “ganamos en esta mesa”, era una frase que se escuchaba alrededor de las 4.15 p.m, hora en que culminaba el primer conteo de votos a la alcaldía, presentándose ventaja en un rife y rafe de gritos desde las mesas y desde fuera del colegio en quién quedaba como ganador  entre los candidatos.  Los jurados encargados de salvaguardar los votos quedaron en condición de indefensión para proteger el secreto de la voluntad ciudadana que le da el carácter como tal al voto.

Con todo esto, integrantes de la comunidad demandan la anulación de los comicios en Guamal, pues, recapitulando, no hubo garantías en el escrutinio, especialmente, tras los disturbios provocados por uno de los sectores políticos, y en consecuencia, ni siquiera los encargados del procedimiento supieron  dónde quedaron las cajas, las bolsas con los votos y formatos E14; ellos solo vieron que las urnas destapadas eran trasladadas junto a  las bolsas con votos marcados abiertas y sin sellar.

 La comunidad de Guamal reclama su derecho al voto secreto, sin constreñimiento, ni coacción.  En este aspecto, la responsabilidad recae en el Estado para garantizar el desarrollo de jornadas electorales dentro del ambiente propicio y adecuado en un día extraordinario de la expresión popular. Así mismo, salvaguardar  la vida y también la condición de ciudadano es obligación de la fuerza pública.

Se puede decir, que en Guamal, el 25 y 26 de octubre se sucedieron las alcaldadas, que continuaron cuando dijo la alcaldesa encargada en el puesto de votación donde encontraron  los tarjetones marcados: “eso no sirve, hay que botarlo, no sirve para nada”…  y al final, si la gente sale corriendo con los votos en la mano, todo se pierde.

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