Por: Constanza Botero
Con el fin de hacer seguimiento al cese unilateral de fuego y desescalamiento del conflicto anunciado por los integrantes de la mesa de conversaciones de paz de La Habana, organizaciones sociales colombianas, con acompañamiento de entidades internacionales, han conformado una Veeduría Social que rindió su octavo informe ante la opinión pública el pasado 12 de noviembre.
Este proceso realizado entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre del año en curso, constata la tendencia de disminución del conflicto armado en los últimos tres meses entre las Farc y la Fuerza Pública; sin embargo, se evidencia una preocupación por las consecuencias que pueda acarrear la continuación de acciones bélicas como bombardeos y ametrallamientos por parte de las fuerzas estatales colombianas, las cuales generaron advertencias por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, quienes sí han cumplido a cabalidad su compromiso unilateral de cese al fuego.
A esta inquietante situación se suma el incremento de acciones de paramilitares en las regiones del país bajo diversos nombres, la cual es agravada por la negativa, por parte del Gobierno Nacional, de la existencia de estos grupos responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos, las cuales, entre otras, han ocasionado en el último mes la muerte de 7 líderes sociales, la desaparición de otros 3, mientras que 41 fueron judicializados, muchos de ellos, en lo que se ha dado a conocer como falsos positivos judiciales y denunciado ante la comunidad internacional como percusión sistemática al movimiento social.
En consecuencia a esta investigación, la Veeduría Social considera que se debe instaurar un mecanismo de alerta, iniciar el Diálogo Humanitario a fin de evitar más afectaciones a pobladores en zonas y territorios del país donde las partes dialogantes de La Habana decidan generar acciones de desescalamiento del conflicto armado, iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación; también se hace un llamado a la comunidad internacional para que mantenga alerta su rol de observador frente a la vulneración de derechos humanos por paramilitares que afectan comunidades y el proceso paz.
Con esto como precedente, se exige al Gobierno Nacional que se garantice el derecho constitucional a la protesta social y al libre ejercicio de la oposición política, se proteja a los defensores de derechos humanos, se implementen políticas y acciones concretas para el desmonte del paramilitarismo, cesen los bombardeos y acciones bélicas por parte de la Fuerza Pública y promueva el desescalamiento del conflicto armado.
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