¿Qué hay detrás del Decreto de exclusión minera?

Por Juan Pablo Giraldo Arango

Central Hidroeléctrica El Popal - Cocorná | Foto: Periferia

El pasado 2 de julio, con la visita del ministro de medio ambiente y desarrollo sostenible Gabriel Vallejo López, se dio a conocer en conjunto con CORNARE, la declaratoria de 11 áreas protegidas contra el desarrollo de actividades mineras, con un total de 101.704.46 hectáreas (Ha.) en zonas representativas de la mayoría de los municipios del oriente antioqueño. De esta forma se garantizaría la conservación del patrimonio biológico y de referentes culturales para la región como laboratorios naturales de agua y oxígeno, y corredores biológicos para la vida. Si bien es necesario reconocer la importancia de este hecho, hay que mirarlo con detenimiento para evitar pensar que esta será la garantía definitiva de la ausencia de proyectos extractivos a gran escala  y por el contrario, podría abrir paso a una primavera minera en la región. El tema alcanza especial relevancia al tener en cuenta la historia del conflicto y el papel fundamental que jugó la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros durante las últimas décadas para el surgimiento y fortalecimiento del conflicto en el Oriente antioqueño.

¿Por qué la declaratoria de áreas protegidas libres de minería?

Una primera razón tiene que ver con el hecho de que el código minero (Ley 1382 De 2010)  fue declarado inexequible por la Corte Constitucional debido a que no tuvo en cuenta el derecho constitucional de las comunidades negras e indígenas a la consulta previa en sus territorios. El vacío legal que la falta de código generó abría la posibilidad de que  grandes zonas del territorio nacional fueran usadas para minería (del oriente antioqueño un 90% se declararía apto para estudios o desarrollo de actividades mineras). El gobierno expidió entonces el decreto 1374 de 2013, que establece parámetros para que las Corporaciones Autónomas Regionales declaren de manera temporal unos territorios de reserva de recursos naturales, dejando el resto del territorio en disposición para que se autoricen exploraciones y explotaciones mineras si es el caso.

CORNARE fue la primera corporación que entregó el estudio del total de su territorio, diferenciando las zonas protegidas bajo dos conceptos distintos. El primero denominado Reservas Forestales Protectoras (RFP), donde además de la minería queda prohibida la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos; extracción de flora y fauna; desarrollo de actividades urbanísticas e industriales y la introducción de especies foráneas de fauna y flora. Bajo este concepto se cobijan cuatro áreas. Y el segundo concepto fue el de los llamados Distritos De Manejo Integrado (DMI), entendidos como un espacio delimitado para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen, cobijando las restantes siete áreas.

La segunda razón tiene que ver con las recientes acciones populares de los pueblos de varias regiones (Cajamarca – Tolima, Pueblorrico y Támesis – Suroeste antioqueño), donde, a través del mecanismo de consulta popular, las comunidades rechazaron la arbitrariedad de las Corporaciones Autónomas Regionales, de la Agencia Nacional Minera y del Ministerio de Medio Ambiente en el otorgamiento de licencias y títulos sin consultar previamente a las comunidades afectadas. En general, estas consultas rechazaron la explotación minera a gran escala por parte de multinacionales. Estas iniciativas estabas siendo tomadas en cuenta por la “Mesa de comunicaciones No a la minería” del Carmen de Viboral, que el pasado 9 de mayo presentó un derecho de petición respaldado por 1.246 firmas y lo radicó ante el alcalde Néstor Martínez Ramírez, para promover una consulta en la comunidad acerca de su opinión sobre la presencia de la gran minería en sus territorios.

Antes de que la acción democrática arrojara resultados y ante la gran difusión de la consigna “no a la minería”, CORNARE y el Ministerio de Medio Ambiente generaron afanosamente la noticia de “excepción minera en el oriente” con el fin de dar un “golpe de opinión” y evitar la consolidación de la fuerza popular. De esta forma los cañones del Melcocho y Santo Domingo, los cerros de San Nicolás, El Capiro, etc., fueron incluidos como zonas de reserva de recursos naturales, por ser los mas preciados referentes culturales y paisajísticos  de las comunidades. 

Con la noticia difundida ampliamente entre sectores populares, muchos dieron por hecho que se les cerrarían las puertas definitivamente a las multinacionales mineras. Inclusive algunos medios masivos publicaron titulares como “el oriente a salvo de minería”, provocando un clima de satisfacción general que contagió a muchos.

Lamentablemente la realidad, si se piensa en cifras, es muy distinta. Con las nuevas zonas de reservas serían 161.000 ha. protegidas en el oriente Antioqueño que representan solo el 20% del total del territorio. Muy poco comparado con el 37,6% que ya se encuentra bajo algún tipo de licencia o concesión minera, o el  80% que no está protegido bajo ninguna figura y puede ser solicitado, explorado y explotado.

El silencio que hay detrás de estos vastos territorios amenazados está relacionado con las recientes oleadas de violencia. Los territorios que hoy no están bajo ninguna figura protectora y no evidencian dolientes, generalmente fueron arrasados por el conflicto. Es el caso, por ejemplo, de los territorios limítrofes de El Carmen de Viboral, Santuario y Cocorná, en donde contamos al menos 4 sistemas hídricos (Quebrada San Matías, Q. la Hundida, Q. Cadavid, y Rio Cocorná), que no fueron incluidos en la declaratoria, y  nadie parece lamentarlo.

Sobre ese 80% del territorio que no hace parte del más reconocido por pobladores e instituciones, gravitan desde hace décadas los intereses de las transnacionales mineras. Por ejemplo, los estudios de viabilidad para el proyecto hidroeléctrico de la represa de Porvenir I se iniciaron en 1986. Y éste quedó paralizado durante más de dos décadas por las condiciones de seguridad que se deterioraron con el conflicto armado.

Esta situación se revierte con la consolidación de una política de seguridad en la región y el aumento de la presencia de las fuerzas armadas estatales y el paramilitarismo, lo cual obligó al repliegue de los grupos guerrilleros. 25 años después y con estos territorios ya desolados, se  abrió nuevamente el camino para la continuación de dichos proyectos. Un ejemplo es la nueva microcentral hidroeléctrica promovida por la empresa Generamos Energía que se construirá en la quebrada La Hundida, captando el 50% de sus aguas. O la compra de predios en el cañón del Río Cocorná por Anglo Gold Ashanti en busca de oro. Estos sucesos reflejan cuán lejos estamos de una verdadera excepción minera para el oriente antioqueño.

Áreas Protegidas