Por Juan Pablo Giraldo Arango y Diego Duque Pérez
Para llegar al corregimiento de Jerusalén, en el municipio de Sonsón,
Antioquia, hay que recorrer 145 km desde Medellín por la vía hacia Bogotá; 2 km
abajo del puente sobre el Río Claro se entra a mano derecha por la vía que va
hacia cementos Argos. Esta misma vía es la única calle que atraviesa el
poblado, que se extiende por un pequeño valle rodeado de colinas kársticas y
moldeado por la quebrada el Borniego, un pequeño afluente del Río Claro. Este
corregimiento, junto con La Danta y San Miguel, pertenece a las zonas bajas del
municipio de Sonsón, cercanas al Magdalena Medio, y su historia está
directamente ligada a la explotación de cemento y a los cambios de dinámica
poblacional ocurridos desde la terminación de la autopista Medellín-Bogotá. 
La importancia estratégica del extremo oriental del departamento era
bien conocida y estudiada desde algunas décadas anteriores. Radicaba en la
abundancia mineral, hídrica y vegetal. Los gobiernos nacional  y departamental implementaron políticas
enfocadas en la extracción y aprovechamiento de recursos a gran escala,
dictadas desde el Fondo Monetario Internacional.  En 1966, el inicio de la construcción de la
autopista Gonzalo Mejía, mejor conocida como Medellín-Bogotá, estableció el
vínculo directo de este territorio con las grandes ciudades a través de la
extracción de sus recursos. La variada abundancia, desde el potencial
hidroeléctrico, suelos y subsuelos ricos en materias primas indispensables para
la producción de cemento –entre otros, mármoles calcíficos, cuarcitas y
zaprolitos–, hasta diversos tipos de maderas, hizo que se privilegiara para la
carretera el tramo que cobija al corregimiento de Jerusalén sobre otros como
Medellín- Puerto Triunfo. 
Los primeros pobladores habían llegado hasta tierras cercanas con el
ánimo colonizador de las primeras décadas del siglo 19, partiendo desde El
Santuario, Granada y Cocorná por el denominado camino de mulatos, una de las
entradas colonizadoras al Magdalena Medio. Así, el eje de intercambio comercial
fue, hasta la construcción de la vía, un camino de arrieros y mulas, por
el  cual se comerciaban productos de sus
regiones, transportados en caminatas a pie y arriando mulas, desde el alba
hasta el ocaso. La autopista  significó
un profundo cambio para las poblaciones de esta zona, que vieron en su cercanía
mejores posibilidades económicas. Así, el territorio se fue llenando de casitas
mirando hacia la vía, y con ellas, talleres mecánicos, lavaderos de camiones,
tiendas, hoteles, etc. Para toda su periferia, la vocación productiva cambió
drásticamente. 
Mientras tanto, en los sectores aledaños a las grandes industrias,
generalmente de carácter extractivista, sus dinámicas poblacionales giraron en
torno a las explotaciones de recursos para las cementeras y la construcción en
general. Esta dinámica permitía y promovía el establecimiento de actividades
comerciales, y de poblaciones enteras
prestadoras de servicios en sus territorios que se confundían con campamentos
perpetuados en el tiempo; tal es el caso de Jerusalén.
Sus primeros pobladores llegaron desde San Francisco, Aquitania, La
Holanda, San Luis y Doradal, atraídos por la explotación de maderas, y las vacantes ofrecidas por Cementos Río Claro, una
empresa que comenzó la construcción de su planta procesadora a principios de
los años 80, demandando abundante mano de obra. Con el tiempo, la prosperidad
de la industria, que para el año 85 abastecía el 70% de los requerimientos de
la construcción en Medellín y el 50% en Antioquia, continuó atrayendo
pobladores como obreros o prestadores de servicios. Surgieron restaurantes,
tiendas, cantinas y hoteles, los cuales generaban una importante actividad
económica y comercial y al tiempo una expansión urbana sin planeación ni
regulación. La mayoría de las casas se ubicaron en los márgenes de la
carretera, pero a falta de espacio, se extendieron entre las colinas y laderas
del cañón de la quebrada Borniego, que además recibe las aguas negras del
poblado, pues éste carece de alcantarillado.
El conflicto armado marcó al corregimiento desde 1985, primero en
forma de atentados guerrilleros contra la industria y luego en la confrontación
directa entre actores armados. Su mayor intensidad fue entre diciembre de 2000 y enero de 2001, cuando toda la población se
tuvo que desplazar a diferentes lugares por cerca de 2 meses. En 2005 cambió de
propietario la cementera y pasó a manos del grupo Argos; la relación entre el
poblado y la empresa, caracterizada hasta entonces por el mutuo beneficio, pasó
a ser conflictiva por los planes expansionistas de la multinacional, que
incrementó su producción de 7.000 a 12.000 toneladas de cemento diarias. 
Esto hizo que la vía de acceso a la planta fuera insuficiente, y
obligó a la empresa a construir una doble calzada, para lo cual tenía que
remover el poblado. Además de esto, el caserío enfrenta otros 2 líos legales.
Primero: el acuerdo 12 de 2003 del municipio de Sonsón prohibió construcciones
a menos de 10 metros del riachuelo y exigió que se reubicaran aquellas que
incumplieran esta condición. Sin embargo, a pesar de que el acuerdo está
firmado por el Consejo de Sonsón, ningún ente acudió a ejercer el control
correspondiente ni a ejecutar lo que le correspondía; por eso buena parte del
poblado sigue establecido en zona declarada de alto riesgo. El segundo, y tal
vez más grave, es que toda el área urbana está construida sobre un título
minero aprobado para la empresa Sumicol Corona, otorgado sin ningún tipo de
concertación ni siquiera socialización con la comunidad. 
Un líder comunitario nos cuenta que ya han
sido advertidos de que si no conciertan bajo las condiciones de la empresa,
Argos abrirá una nueva vía de acceso independiente de Jerusalén, deteniendo así
el flujo económico y comercial del corregimiento. Ante tal amenaza, el
corregimiento ha iniciado el proceso de resistencia, dentro del cual convocó el
pasado 9 de junio al Consejo Territorial de Planeación a exponer el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial, en el que se plantea la inminente reubicación del
poblado. 
La municipalidad dice no tener capacidad económica para realizar la
reubicación, y entre la comunidad reina la incertidumbre. Por eso impulsan hoy
consignas que incentivan a la permanencia en el territorio, el respeto por los
recursos naturales, y han buscado acercamiento a procesos organizativos
regionales con el fin de romper el silencio al que los han condenado las
instituciones, que entre otras cosas, según la comunidad, buscan desconocer la
categoría de corregimiento de Jerusalén para deslegitimar los reclamos de las
comunidades.
Entre tanto, la comunidad seguirá pasando sus días entre la incertidumbre y el cerco de los intereses
económicos, con la amenaza latente de un nuevo desplazamiento y con la desdicha
de habitar las tierras en que el capital ya puso sus colmillos.
 

 
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