Por Anyela Heredia
Es
miércoles 15 de julio. En el búnker de la Fiscalía, unas quince cámaras
fotográficas y de grabación con sus respectivos flashes apuntan los rostros de
Luz Ángela, Margarita, Alejandra, Gladys y Luz Elena, todas ellas integrantes
de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Expuestas al asedio de los
periodistas, ellas comparten sentimientos encontrados de cara al anuncio que
después de trece años de lucha por el esclarecimiento de la verdad de los
crímenes y violaciones de derechos humanos, ocurridos en la Comuna 13 durante
las operaciones militares y paramilitares en el 2001 y 2002, la Fiscalía y la
Alcaldía de Medellín iniciarán un proceso de excavación y búsqueda de cuerpos
en el sector de la Escombrera (en límites entre la comuna 13 y el corregimiento
de San Cristóbal).
Por
una parte las embarga la emoción y la certeza de que nada de esto sería posible
sin las innumerables acciones políticas, jurídicas y de movilización que han
emprendido durante años exigiendo verdad y justicia; de otro lado, la ansiedad
y la ilusión de poder encontrar a sus familiares desaparecidos, una ilusión que
se manifiesta también con dolor en voces entrecortadas que se debaten entre la
expectativa y la tristeza, pues encontrar a sus seres queridos bajo una montaña
de escombros es su última esperanza.
Entre
tanto, la directora de articulación de las fiscalías especializadas a nivel
nacional, Caterina Hayck, anunciaba que durante el proceso se removerán
aproximadamente 24.000 metros cúbicos de tierra en un área de 3.700 m2. Esto es
apenas el primero de tres polígonos (áreas) en las que se presume hay
enterradas cientos de personas y que constituyen hoy lo que ella misma describe
como “la fosa común más grande del mundo”.
Alejandra
recuerda que durante años han recogido versiones de habitantes cercanos al
sector, que mencionan carros en la noche descargando cadáveres, movimientos
extraños y personas cavando su propia fosa antes de ser asesinadas. Sin
embargo, según explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica
Libertad, que es la representante de las víctimas, existen dos versiones en las
que se basan las autoridades para iniciar el proceso de búsqueda: la versión de
un exintegrante del bloque Cacique Nutibara (alias “Móvil 8”), quien señaló
tres puntos de la escombrera en los que habrían enterrado cadáveres, y una
versión de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) en la que, sin
mayores detalles, reconoce que puede haber unas trescientas personas enterradas
allí.
Según
la abogada, aún no se ha hecho ninguna investigación y una de las exigencias
por parte de las víctimas de la 13 es que el proceso vaya más allá de la
búsqueda y exhumación “de huesos”, que haya un proceso de búsqueda integral que
incluya todas las acciones necesarias que conlleven al esclarecimiento de los hechos. Es necesario
determinar exactamente el número de personas desaparecidas, tomar
declaraciones, buscar a los familiares, y que haya un fiscal que coordine todos
los casos, pues los procesos penales adelantados hasta hoy se encuentran
dispersos y hay muchos en los que no se ha adelantado investigación alguna.
Además,
dice, no es cierto que los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, incluido
don Berna, hayan contribuido a la verdad. Asegura que existen muchos aspectos
que deben ser tenidos en cuenta, como la sistematicidad de los casos, el hecho
de que todas esas desapariciones y violaciones a los derechos humanos se dieran
en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y
hay responsabilidades de autoridades
civiles y militares que deben ser esclarecidas y sancionadas.
Adriana
destaca que este es un proceso liderado por las víctimas, y el protagonismo de
las mujeres evidencia que las víctimas más que objetos de atención, son sujetos
políticos que reivindican sus derechos y que piden garantías concretas de
reparación y no repetición.
En
ese sentido, Luz Elena valora el hecho de que por fin la Fiscalía las haya
escuchado, pues ha sido un proceso de trece años de lucha y resistencia frente
a la negligencia de un Estado que nunca
mostró interés en que se supiera todo lo que ocurrió en la comuna 13. Recuerda
cómo ella y sus compañeras, venciendo el miedo y el dolor, realizaron actos
simbólicos tales como una vigilia en el barrio Eduardo Santos, en medio de la
más recia paramilitarización. También recuerda cómo, cuando se hizo la
extradición de alias “don Berna”, interpusieron una queja ante la fiscalía de
EEUU pidiendo respeto por los derechos de las víctimas, lo que permitió que don
Berna reconociera lo que había pasado en la operación Orión y la participación
de los paramilitares en los operativos militares. En 2012 crearon una Comisión de
Esclarecimiento que en buena medida contribuyó a que hoy la excavación sea un
hecho.
Entre
las garantías que las mujeres piden para el desarrollo del proceso, Margarita
resalta la importancia de que las excavaciones se extiendan a los otros
perímetros señalados dentro y fuera de la escombrera en los que se presume
pueden haber cuerpos enterrados. Y que se cierre de inmediato la escombrera del
Salado, que aún continúa activa pese a la insistencia de las víctimas.
Carlos
Fidel Villamil, director nacional de Justicia Transicional (antes, Justicia y
Paz), declaró que durante los últimos siete años se han descubierto 4.649 fosas
comunes en el país, de las cuales 803 están en Antioquia, y que de 1.023
cuerpos encontrados en Antioquia, solo 547 han podido ser identificados y
entregados a sus familiares. Ante este relato, Margarita cuenta que otra de las
exigencias de las víctimas es que una vez se hagan exhumaciones, se proceda con
la mayor celeridad a la identificación y entrega de los restos a sus seres
queridos para evitar así profundizar el daño sufrido.
Alejandra,
que tiene 26 años y a su padre y a su hermano desaparecidos desde hace trece y
nueve años respectivamente, explica la importancia de poder realizar el duelo:
“Aunque es triste pensar en recibir a nuestros familiares en una caja, para nosotros
es la posibilidad de darles sepultura de acuerdo a las creencias de cada
familia, y de hacer el duelo, porque hasta ahora tenemos el duelo abierto. No
sabemos si están allí o no, si están vivos, si so
n indigentes; eso mantiene
nuestro duelo abierto”.
Las
mujeres han exigido que se les garantice el acompañamiento psicosocial durante
todo el proceso y han construido una propuesta de campamento permanente,
adecuado para que puedan estar allí diariamente unas diez personas entre
víctimas y psicólogos, donde pueda adelantarse, además de la labor de veeduría,
un trabajo de memoria. Explican que se trata no solo de recoger los relatos
individuales de las víctimas, sino de la reconstrucción de la memoria colectiva
de la Comuna 13 y lo que ésta ha significado para la vida de la ciudad entera.
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