Artículo publicado en la Edición impresa 114 (Mayo - Junio 2016) de Periferia Prensa Alternativa
Por Equipo Periferia Tolima
La reciente movilización social por la
defensa de la vida y el territorio frente a los megaproyectos extractivistas en
el Tolima viene en un proceso de consolidación y expansión por todo el
territorio, dando ejemplo de acciones colectivas y participación social en el
marco de las luchas ambientales.
La gran Marcha carnaval por la defensa de
la vida, el agua y contra la megaminería, este año realizará su octava edición
el 3 de junio en la ciudad de Ibagué, y simultáneamente, en los municipios de El Líbano, Espinal, Saldaña y Armenia. Estas
acciones colectivas están expresando el rechazo a la política minero-energética
que han abanderado los últimos tres gobiernos con la entrega a las
multinacionales de la riqueza ambiental, física y cultural del país.
El caso más emblemático por su dimensión e
impacto es el proyecto La Colosa,
agenciado por la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA), en el municipio de
Cajamarca, y en toda la cordillera central. En
Ibagué el 53% del territorio se
encuentra sobre títulos mineros concedidos y solicitados por la misma empresa o
filiales, lo que genera amenazas contra las
cuencas de los ríos Coello, Combeima, Toche, Totare y Cocora, principalmente, y
la afectación de toda la dinámica del ciclo del agua y ecosistémica.
Si bien la movilización social ha crecido de 3mil marchantes en el primer año
a 60mil el año anterior, ha sido necesario apelar a otras acciones jurídicas y
públicas realmente vinculantes que de manera definitiva, impidan el avance de
la nefasta política extractivista en el Tolima. Un claro ejemplo fue la
Consulta Popular realizada por los habitantes en el municipio de Piedras en
sinergia con el gobierno local, quienes acudieron a la protesta y a la
participación ciudadana con la celebración de esta Consulta el 28 de julio de
2013, en la que más del 99% de los votos le dijeron No a las actividades
extractivas en su municipio.
El Comité Ambiental por la Defensa de la
Vida, y numerosas organizaciones sociales, ambientales, campesinas,
estudiantiles, indígenas y de mujeres, con el respaldo del Alcalde de Ibagué,
Guillermo Alfonso Jaramillo, y 10 concejales, votaron a favor de la Consulta
Popular el pasado 25 de abril. Con esto han respondido al sentir de miles y
miles de voces ciudadanas que exigen se
profundice la democracia y se proteja el derecho constitucional a gozar de un
ambiente sano en este país.
Con la Consulta Popular de Ibagué se
propone detener las actividades mineras contaminantes que irremediablemente
implicarán un cambio abrupto en el uso de los suelos, pérdida o contaminación
de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria y turística del
Municipio. Su propósito es el de proteger los bienes comunes de la sociedad por
encima de los intereses privados de las multinacionales y de las decisiones
unilaterales del gobierno nacional. A través de este mecanismo se puede
fortalecer la democracia participativa y resolver los conflictos sociales de
manera civilista y no violenta.
Es un mecanismo de participación ciudadana
que jurídicamente está previsto en la Constitución Política de Colombia en los
artículos 40, 103, 104, 105, en la Ley 134 de 1994 y en la Ley 1757 del 2015
que permite convocar al pueblo para dirimir asuntos de importancia para la
comunidad, en este caso el rechazo a la contaminación minera. Desde el 25 de
abril, los ibaguereños están a la espera de que el Tribunal Administrativo de
Tolima se pronuncie sobre el carácter de constitucionalidad de la iniciativa, pero
no han tenido respuesta alguna. A esto se suma la zozobra generada por las acciones
ejercidas desde la Procuraduría Agraria y Ambiental del Tolima, que a pesar de
ser entidad pública, según denuncian las comunidades, trabaja en función de los
intereses de la AGA al dilatar el tiempo de realización del ejercicio
democrático y hostigar a los magistrados.
Las acciones colectivas se diversificaron,
por lo que los plantones, los comunicados, la campaña por el NO en la Consulta
Popular y la Marcha Carnaval siguen caminando con el objetivo de garantizar que
Ibagué se convierta en la primera ciudad capital del mundo en defender el agua
y el ambiente. Líderes, voluntarios y la ciudadanía se están tomando los
parques barriales, los buses, las instituciones educativas, los diferentes
espacios institucionales y comunitarios con la campaña, y se siguen sumando más
sectores sociales locales, regionales, nacionales e internacionales. Cajamarca,
Armenia, Salento, Medina, Sibaté, y otros municipios más vienen adoptando el
mecanismo de la Consulta Popular y movilizándose para defender sus territorios,
en el horizonte de un movimiento nacional en defensa de la vida, el agua y el
territorio.
En esta coyuntura en la que el gobierno nacional
viene hablando de paz, sería un pésimo precedente para el país que niegue la
participación democrática de las comunidades, al tiempo que promueve un
plebiscito de ratificación del proceso de paz y abre una mesa de diálogo con la
insurgencia del ELN.
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