Por: Cindy Manrique y Jeisson Quintero
- Tejuntas
La historia de Colombia ha estado marcada por un
conflicto social, político y armado que ha logrado permear cada una de las capas
de la sociedad, pero que particularmente ha afectado a las clases más pobres;
han sido recurrentes el despojo, el desplazamiento, las desapariciones,
asesinatos y encarcelamientos, siendo el miedo la mayor herramienta para
arrebatar el derecho a proponer un país diferente. Ese conflicto tiene como
verdugos a las clases terratenientes, grandes emporios industriales, banqueros,
mineros, etc.
Aun con los 442.000 efectivos, es decir 5 ½ soldados por
cada 1.000 habitantes, que cuestan más de 14.400 dólares (según datos de Jose
Fernando Isaza en el texto Algunas
consideraciones sobre el conflicto en Colombia), la vía militar no ha
solucionado la violación de DD.HH y parece no proteger a la ciudadanía, en
cuanto Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de
DD.HH, y el tercer país más desigual del mundo. Además, según el Informe de la situación de Derechos Humanos
en Colombia 2008-2013, entre 2008 y
2012, 923 personas fueron agredidas y las ejecuciones extrajudiciales
aumentaron un 68,18%. Y pese a la falta de 25.780 médicos generales y 2.315
especialistas para cubrir el déficit en salud (Informe Recursos Humanos de la Salud en
Colombia de CENDEX, 2010), Colombia
es el segundo país que más invierte en armamento en Latinoamérica.
La militarización, además de mantener un modelo
guerrerista en favor del capital trasnacional, no aporta a mejorar las
condiciones de vida del país, y arrebata a la juventud la posibilidad de
decidir sobre sus vidas sometiéndole a prestar el Servicio Militar Obligatorio
(en adelante SMO), aunque varias veces la corte constitucional se haya
manifestado en favor del derecho a decir NO al mismo (Sentencias C-728/09,
C-879/11 y T-455/14).
Pero si el país está entrando en una nueva etapa de
diálogos, de acuerdos entre insurgencias-Estado y de construcción de paz, es
fundamental la participación de la sociedad, y en especial la de los jóvenes,
para definir su propio rumbo. En esta nueva etapa las instituciones militares
deben cambiar su papel; es lógico que al no existir conflicto interno el
presupuesto militar tenga que disminuir, y desde luego, la tropa militar. En
contexto, entonces, debería desaparecer la obligatoriedad del servicio militar.
Tras varios años de discusión y movilización entre
organizaciones juveniles y objetoras de conciencia como el colectivo la Tulpa,
Tejuntas, Anjeco, Minga Juvenil, Andes, Acooc, la Red Feminista y Antimilitarista
de Medellín, entre otras, se ha convertido al SMO en un tema crucial para
debatir en medio del ambiente de negociación del conflicto armado, ya que la
juventud tiene sus propios análisis sobre lo que significa la paz y sobre su
papel en la construcción de propuesta de país con justicia social.
Es a partir de estas discusiones entre algunas de las
organizaciones, que viene consolidándose la propuesta de Servicio Social
para la Paz (SSP), una apuesta encaminada a darles la posibilidad a las y
los jóvenes de decidir la forma de servirle al país, y de reconocerse como
agentes transformadores que aportan a un nuevo proyecto de país. El SSP es una
propuesta de acto legislativo que modificaría los artículos 22 y 216 de la
Constitución Colombiana. El primero referido al cumplimiento del derecho/deber
de la paz que hasta ahora no está desarrollado, y el segundo sobre la
definición de la situación militar que pretendería modificarse para erradicar
la obligatoriedad del SMO. Este acto legislativo sería la apertura de un debate
fundamental en un contexto de solución política en el país: si los jóvenes
desean seguir alimentando las filas de las fuerzas militares en el postacuerdo
o si por el contrario desean aportar por medio de un servicio social a la
construcción de la paz en Colombia.
Esta nueva apuesta política de Servicio Social para la
Paz, más allá de un acto legislativo, toca el futuro de la juventud y de las
instituciones militares. Por eso las organizaciones sociales la han llevado al
Congreso de la República, para que se escuche la voz de los que consideran que
con trabajo social (apoyo a víctimas de la guerra, tratamiento y resolución de
conflictos de formas no-violentas, promoción de las riquezas culturales,
conservación de parques naturales, promoción de derechos humanos entre otras
formas de aplicación) es como se puede empezar a forjar en lo concreto ese
escenario de post-conflicto que necesita el país.
El SSP es una estrategia que compromete a la juventud, no
sólo en la construcción de paz, sino en la reducción de las desigualdades
sociales, económicas y políticas, que posiciona otras formas de existencia,
para terminar con la confrontación armada entre la misma población, para exigir
que los jóvenes de sectores excluidos y empobrecidos tengan otras posibilidades
de vida al margen de la guerra y de sus lógicas deshumanizantes, patriarcales,
criminales y perversas.
Si la paz no es únicamente la
implementación de los acuerdos firmados con las FARC, y de los futuros acuerdos
que puedan firmarse con el ELN, el Servicio Social para la Paz sería un aporte
a la cualificación de esos acuerdos y a la construcción de un Diálogo Nacional
sobre el papel de la juventud en la solución política. El SSP no es por lo
tanto una pedagogía para la paz sino una
discusión del modelo de juventud desde los jóvenes mismos en su relación con la
sociedad completa: reivindicaciones propias sobre derechos sociales como la
educación y el trabajo, el desmonte del ESMAD, el cierre de las Unidades
Permanentes de Justicia –UPJ–, y el fortalecimiento de escenarios de
participación con incidencia real en las decisiones que atañen a los jóvenes.
El SSP significa un compromiso con una apuesta ética y
política, y está pensado como una forma de fortalecer en la juventud las
capacidades para construir e implementar formas alternativas de resolver los
conflictos, hacia una convivencia pacífica y una cultura respetuosa de los
derechos fundamentales.
Es por lo anterior que las organizaciones sociales hacen
un llamado a toda la juventud colombiana a apoyar, sumarse y participar
activamente en la defensa y construcción del Servicio Social para la Paz como
alternativa para que la juventud deje de ir a la guerra y se comprometa
públicamente, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia de Colombia,
a transformar el país a partir del trabajo social y popular.
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