Se reactiva la violencia paramilitar en Antioquia

Artículo publicado en la Edición impresa 114 (Febrero - marzo 2016) de Periferia Prensa Alternativa

Por Equipo Periferia Medellín

En los últimos meses se han hecho importantes anuncios  por parte del gobierno nacional y las FARC- EP, encaminados a la consolidación de un cese bilateral como parte de los acuerdos de La Habana. Pese a  esto, continúa la zozobra por la violencia paramilitar e intimidaciones a quienes hacen parte del movimiento social en Antioquia.

Desde el pasado 20 de julio de 2015 la intensidad del conflicto armado en el país  se ha visto reducida históricamente debido al cese unilateral decretado por las FARC-EP. Según  el informe del pasado 20 de enero del CERAC -Centro de recursos para el análisis de conflictos-,  este semestre ha sido el de menor intensidad del conflicto armado en sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones bélicas, en este sentido, a la fecha del informe, en casi dos meses no se registró ninguna acción ofensiva violenta de esta guerrilla,  ni combates entre las partes. De igual manera el gobierno ha implementado medidas en la mesa de conversaciones como la liberación de un grupo de presos políticos de esta guerrilla, que sumado al anuncio  conjunto del  acuerdo en un mecanismo tripartito de verificación al cese bilateral, apoyado por la ONU y la CELAC, crean un clima de confianza para la culminación de esta etapa final de la mesa de La Habana, sin embargo,  en medio de estos avances en materia de paz existe otra violencia que se viene incrementando en las regiones de manera silenciosa: la paramilitar.

Presencia paramilitar en San José de Apartadó:

Aunque la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, ACASA, denunció desde hace algunos años la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la región del Urabá, las autoridades civiles habían negado su presencia para tratar de reducir las alertas. Según los campesinos parece existir una complicidad, que se evidencia en casos como el desplazamiento de  grupos paramilitares seguidos del ejército, por veredas como  Playa Larga, donde está ubicada una de las fincas más grandes de Alias Otoniel. Fruto de las denuncias realizadas por las comunidades se dio inicio en el 2015 a la operación Agamenón, ejecutada por un comando élite especializado de Bogotá. Lo particular, según ACASA, es que para esta operación no fue avisada la fuerza pública de la región, por sospechas de connivencia con esta estructura paramilitar.

Durante el último semestre la situación de zozobra ha aumentado para los pobladores de  esta región. Los allanamientos de  viviendas sin orden judicial de la autoridad competente, amenazas de tomar represalias por parte de miembros de la brigada XVII, desplazamientos a causa de la presencia paramilitar en veredas como Rodoxalí y El Porvenir e intimidaciones, son  algunas de las dificultades que afrontan las organizaciones sociales y población del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Por ejemplo, líderes sociales y estudiantiles que han pedido la reubicación de la base militar, próxima al Colegio El Mariano, a una distancia que no ponga en peligro la vida e integridad física de los menores que estudian allí, son señalados por las Fuerzas Militares quienes argumentan que hay  un complot con la guerrilla para hacerlos salir del corregimiento.

El más reciente capítulo de este escenario problemático es la retención de dos líderes comunitarios,  Jesús Arley Cartagena y Laura Cataño, quienes habían recibido amenazas de muerte en el mes de julio del 2015. Esta retención se llevó a cabo el 22 de diciembre del año 2015, mientras realizaban sus labores sociales y comunitarias cotidianas en su territorio y en la Junta de Acción Comunal. De igual manera el 22 de enero de 2016 fueron capturados el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas, Juan Bautista Celada, Silvia Rosa Sepúlveda y Oscar Muñoz.

El panorama para San José de Apartadó está muy lejos de las intenciones de paz que se vienen construyendo en la Habana, pues mientras los paramilitares intimidan y caminan tranquilos por las diferentes veredas de esta región, quienes están organizados en acciones comunales, u organizaciones sociales vienen sufriendo amenazas de los mismos paramilitares y señalamientos por parte de la fuerza pública, que anunció desde ya la judicialización en los próximos días de alrededor de 50 personas.

Desplazados por terror paramilitar en El Bagre:

El conflicto armado ha sido una realidad latente en el municipio de El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. El pasado 7 de agosto de 2015 la comunidad logró que todos los actores armados que tienen presencia en la zona, firmaran un acuerdo de paz y convivencia. Sin embargo, este solo duró dos meses. En noviembre, la zozobra empezó a crecer y los rumores de que los paramilitares se iban a meter a las veredas, se hicieron ciertos. Según relata la comunidad del corregimiento de Puerto Claver, en diciembre cuatro paramilitares murieron en enfrentamiento con la guerrilla. La semana siguiente, dos personas civiles, acusadas de ser ayudantes de grupos guerrilleros, fueron asesinadas, hecho que desató los combates entre los dos actores armados.

El 8 de enero tres campesinos fueron sacados  y desaparecidos de la vereda La Llana. 10 días después el ejército notificó encontrar dos cuerpos enterrados y uno expuesto, pero decapitado; la comunidad espera que no se trate de sus vecinos. Sin embargo, por esto y debido a múltiples amenazas, más de 600 familias de veredas como La Llana, El Oso, La Primavera, entre otras, decidieron desplazarse hasta la cabecera del corregimiento de Puerto Claver, para albergarse en la casa del adulto mayor.

La comunidad ha denunciado que actores vestidos de civil con armas largas han entrado al corregimiento, sin importar que el ejército se ubique a cinco minutos este. La respuesta de la institucionalidad ante los hechos, es que se trata de enfrentamientos comunes entre bandas criminales por retaliaciones, pero organizaciones sociales del territorio como AHERAMIGUA, reclaman que esto es una condición sistemática a la que no se le ha dado tratamiento.

Aunque la secretaría de gobierno del municipio de El Bagre ofreció brindar ayudas para que las comunidades pudieran retornar a su territorio, estas exigieron que se brindaran garantías y respuestas reales: que se hiciera el trabajo pertinente para dar con la ubicación de los vecinos desaparecidos en días anteriores, y que la fuerza pública se responsabilizara por connivencia con grupos paramilitares, garantizando su derecho a permanecer en el territorio en condiciones dignas.

Señalamientos y asesinatos en veredas de Briceño:
En este contexto, entre octubre de 2015 y enero de 2016, tres hermanos de la vereda La América fueron asesinados por integrantes del Clan Usuga, quienes luego citaron a la comunidad para justificar los hechos, señalando a los hermanos como colaboradores de las FARC-EP. Preocupa a la comunidad, y lo manifiesta Ríos Vivos, que estos asesinatos se den de manera poco clara y en sitios donde tiene o ha tenido presencia la fuerza pública. 

La vereda Orejón, del municipio de Briceño, fue elegida para ser el piloto del desminado en Colombia, como parte de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP. Sin embargo, este proceso se ha desarrollado en medio de un creciente conflicto protagonizado por los paramilitares. Según denuncia el movimiento Ríos Vivos, se trata de una disputa territorial que separa y confina a otras veredas aledañas como La América, El Pescado y La Molina, debido a los señalamientos y estigmatización de que son víctimas las comunidades.