Renovación urbana y despojo en Cali: El caso Jarillón

Por Olimpo Cárdenas Delgado

El Calvario es un barrio de la comuna tres de Cali, ubicado en la zona centro de la ciudad. En octubre de 2014, cientos de habitantes de la zona se movilizaron porque su entorno, sus casas y sus negocios serían literalmente desaparecidos. A cambio, la nueva alianza público-privada denominada Empresa Municipal de Renovación Urbana, EMRU, desarrollaría allí uno de cinco proyectos urbanísticos que dejarían muy bonita a Cali, especialmente la zona deprimida del centro de la ciudad, pero también dejaría en la calle a miles de caleños de bajos recursos.

Abelardo, que vive a media cuadra de esta zona del Calvario, comenta que “hay un plan para quitarle sus inmuebles y además pagárselos por debajo de su costo real; de hecho los impuestos prediales bajaron considerablemente en los últimos años. En la zona no solo hay habitantes de muy bajos recursos, sino incluso prósperos comerciantes que invirtieron altas sumas de dinero en sus locales y pagaron altos impuestos prediales. Por ejemplo, un señor pagó impuesto por una bodega de 900 millones y con el tiempo el predial le llegó por un avalúo de menos de 100 millones; entonces ahora que la EMRU necesita el predio para desarrollar el proyecto, le quieren pagar la bodega a precio de huevo”.

El Calvario, San Pascual y Sucre hacen parte del proyecto Ciudad Paraíso, que según la EMRU contempla vivienda, comercio, 16.000 metros cuadrados de árboles, espacio público, el Búnker de la Fiscalía y la Estación Central del MIO (Sistema de Transporte Masivo de Cali). La EMRU y la Alcaldía reconocen que solo en El Calvario malviven 2.013 personas, y aunque plantean que tendrán subsidios, viviendas transitorias y pagos por los traslados, eso se ejecutará cuando empiece la renovación.

Además del proyecto Ciudad Paraíso, se realizarán otros cuatro proyectos urbanísticos: en el barrio El Hoyo-Piloto; en San Vicente, el sector que se extiende paralelo al río Cali; en la tradicional Avenida Sexta, y en el Archivo Histórico. 35 empresarios del Clúster de la construcción del Pacífico, junto con la Alcaldía de Cali,  manejarán en 15 años casi 4 billones de pesos, según el diario el Tiempo y la EMRU.

Proyecto Jarillón de Cali

Este es un proyecto del año 2012, que persigue, según el fondo de adaptación del Ministerio de Hacienda, “reducir el riesgo por inundación asociado al río Cauca, Canal Interceptor Sur y río Cali y al sistema de drenaje oriental de Cali”. Con ello dicen estar protegiendo la vida y bienes de 900.000 habitantes del oriente de la capital del Valle del Cauca. Pero al parecer, según comentan los habitantes de esta zona, se trata de otro esfuerzo “renovador” en donde la que promueve el negocio es la gobernación del Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Se trata de una intervención de 25.4 kilómetros, que afecta a 7.852 familias y a varios barrios de Cali, muchos de ellos habitados por recicladores y gente muy pobre. El macroproyecto cuesta aproximadamente 823 mil millones de pesos y será financiado por el fondo de adaptación del Ministerio de Hacienda. Los habitantes del área del Jarillón no niegan la importancia de la prevención de desastres y la necesidad de anteponerse a cualquier circunstancia que ponga en riesgo a los caleños, sin embargo, dicen que la forma y las medidas tomadas en contra de los habitantes de la zona de impacto, ponen en duda el objeto del proyecto y más bien dejan ver la intención de dar paso a una renovación urbana que busca embellecer la ciudad y sacar a los pobres de sus viviendas sin importarle su destino.

Jaqueline Ariza, quien desde hace más de 10 años vive en el Jarillón de las Vegas, uno de los barrios afectados por el proyecto, manifiesta que “nadie sabía sobre el proyecto, pero un día, en enero de 2014, pasaron invitando a una reunión en la planta de aguas residuales Petecui. Cuando me acerqué vi a los de la Alcaldía y Confandi ofreciendo viviendas para los afectados por el proyecto; dijeron que había que hacer dos filas; había por lo menos 500 familias, la mayoría de ellas, gente muy pobre que vive en arriendo en las casas de la zona; aunque ellos no eran los dueños, por supuesto hacían fila para que les dieran vivienda. Esta situación causó un daño terrible a los propietarios, que ni siquiera nos habíamos enterado de la reunión. Había unas listas, pero no correspondían al censo real, estaba mal clasificado; por ejemplo, había gente afectada por inundaciones que no se habían presentado. Por eso tocó empezar a investigar y organizarnos para pelear por nuestros derechos”.

El fondo de adaptación del Ministerio de Hacienda, que es el que coordina el proyecto, firmó con la Alcaldía en 2012 el convenio para la ejecución del plan Jarillón de Cali. Una de las cuatro líneas del plan de acción es la reducción de la vulnerabilidad social, y por eso deben hacer el acompañamiento a 7.852 hogares que están en  riesgo, pero "lo están haciendo mal", comenta Jaqueline Ariza, porque, por ejemplo, ella y su esposo tienen una unidad productiva en su predio, y allí no solo viven sino que crían cerdos para su sustento, y este no es el único caso. Según los funcionarios de la alcaldía, esos temas no estaban contemplados para ser indemnizados o compensados y se tratarían posteriormente.

Todo empeoró cuando Pamela Biojó, abogada del proyecto, planteó que se iban a iniciar las reubicaciones y la demolición de las casas. Los propietarios, que no se habían enterado de nada, no solo no recibirían compensación ni reubicación sino que ahora les iban a demoler su casa; a los que iban a reubicar era a sus inquilinos. No valieron ruegos ni explicaciones, los desalojos violentos de 300 familias de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas se hicieron sin contemplación.

Por eso el 12 de junio de 2015, Jaqueline y decenas de habitantes de las zonas afectadas protestaron en la Ermita de Cali y 20 de ellos se tomaron la famosa catedral para exigir atención de las autoridades y presionar un acuerdo que protegiera sus derechos. La toma y su desarrollo fue pacífico y contó con la solidaridad del Congreso de Los Pueblos, Sintraemcali, Sintraunicol y la CUT Valle, entre otros. El miércoles primero de julio, después de 21 días, se llegó a un acuerdo con la Alcaldía: la creación de mesas de trabajo para revisar, evaluar y resolver las problemáticas que rodean todo este proceso irregular previo y posterior a los desalojos, como el censo de habitantes y especialmente los casos de las personas que tenían allí su sustento económico a través de empresas o unidades productivas, como Jaqueline y su familia.