Por Olimpo Cárdenas
Delgado
El Calvario es un barrio de la comuna tres de Cali, ubicado
en la zona centro de la ciudad. En octubre de 2014, cientos de habitantes de la
zona se movilizaron porque su entorno, sus casas y sus negocios serían literalmente
desaparecidos. A cambio, la nueva alianza público-privada denominada Empresa Municipal de Renovación Urbana, EMRU,
desarrollaría
allí
uno de cinco proyectos urbanísticos
que dejarían
muy bonita a Cali, especialmente la zona deprimida del centro de la ciudad,
pero también
dejaría
en la calle a miles de caleños
de bajos recursos.
Abelardo, que vive a media cuadra de esta zona del Calvario,
comenta que “hay
un plan para quitarle sus inmuebles y además pagárselos
por debajo de su costo real; de hecho los impuestos prediales bajaron
considerablemente en los últimos
años.
En la zona no solo hay habitantes de muy bajos recursos, sino incluso prósperos comerciantes
que invirtieron altas sumas de dinero en sus locales y pagaron altos impuestos
prediales. Por ejemplo, un señor
pagó
impuesto por una bodega de 900 millones y con el tiempo el predial le llegó por un avalúo de menos de 100
millones; entonces ahora que la EMRU necesita el predio para desarrollar el
proyecto, le quieren pagar la bodega a precio de huevo”.
El Calvario, San Pascual y Sucre hacen parte del proyecto
Ciudad Paraíso,
que según
la EMRU contempla vivienda, comercio, 16.000 metros cuadrados de árboles, espacio público, el Búnker de la Fiscalía y la Estación Central del MIO
(Sistema de Transporte Masivo de Cali). La EMRU y la Alcaldía reconocen que solo
en El Calvario malviven 2.013 personas, y aunque plantean que tendrán subsidios,
viviendas transitorias y pagos por los traslados, eso se ejecutará cuando empiece la
renovación.
Además
del proyecto Ciudad Paraíso,
se realizarán
otros cuatro proyectos urbanísticos:
en el barrio El Hoyo-Piloto; en San Vicente, el sector que se extiende paralelo
al río
Cali; en la tradicional Avenida Sexta, y en el Archivo Histórico. 35 empresarios
del Clúster
de la construcción
del Pacífico,
junto con la Alcaldía
de Cali, manejarán en 15 años casi 4 billones
de pesos, según
el diario el Tiempo y la EMRU.
Proyecto Jarillón de Cali
Este es un proyecto del año 2012, que persigue, según el fondo de adaptación del Ministerio de Hacienda, “reducir el riesgo
por inundación asociado al río Cauca, Canal Interceptor Sur y río Cali y al sistema de drenaje oriental
de Cali”. Con ello dicen estar protegiendo la vida y bienes de 900.000
habitantes del oriente de la capital del Valle del Cauca. Pero al parecer, según comentan los
habitantes de esta zona, se trata de otro esfuerzo “renovador” en donde la que
promueve el negocio es la gobernación del Valle y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC).
Se trata de una intervención de 25.4 kilómetros, que afecta a 7.852 familias y a varios barrios de
Cali, muchos de ellos habitados por recicladores y gente muy pobre. El
macroproyecto cuesta aproximadamente 823 mil millones de pesos y será financiado por el
fondo de adaptación
del Ministerio de Hacienda. Los habitantes del área del Jarillón no niegan la importancia de la prevención de desastres y la
necesidad de anteponerse a cualquier circunstancia que ponga en riesgo a los caleños, sin embargo,
dicen que la forma y las medidas tomadas en contra de los habitantes de la zona
de impacto, ponen en duda el objeto del proyecto y más bien dejan ver la
intención
de dar paso a una renovación
urbana que busca embellecer la ciudad y sacar a los pobres de sus viviendas sin
importarle su destino.
Jaqueline Ariza, quien desde hace más de 10 años vive en el Jarillón de las Vegas, uno
de los barrios afectados por el proyecto, manifiesta que “nadie sabía sobre el proyecto,
pero un día,
en enero de 2014, pasaron invitando a una reunión en la planta de aguas residuales Petecui. Cuando me acerqué vi a los de la
Alcaldía
y Confandi ofreciendo viviendas para los afectados por el proyecto; dijeron que
había
que hacer dos filas; había
por lo menos 500 familias, la mayoría de ellas, gente muy pobre que vive en arriendo en las
casas de la zona; aunque ellos no eran los dueños, por supuesto hacían fila para que les dieran vivienda. Esta situación causó un daño terrible a los
propietarios, que ni siquiera nos habíamos enterado de la reunión. Había
unas listas, pero no correspondían
al censo real, estaba mal clasificado; por ejemplo, había gente afectada por
inundaciones que no se habían
presentado. Por eso tocó
empezar a investigar y organizarnos para pelear por nuestros derechos”.
El fondo de adaptación del Ministerio de Hacienda, que es el que coordina el
proyecto, firmó
con la Alcaldía
en 2012 el convenio para la ejecución del plan Jarillón de Cali. Una de las cuatro líneas del plan de acción es la reducción de la vulnerabilidad social, y por eso deben hacer el
acompañamiento
a 7.852 hogares que están
en riesgo, pero "lo están haciendo
mal", comenta Jaqueline Ariza, porque, por ejemplo, ella y su esposo
tienen una unidad productiva en su predio, y allí no solo viven sino que crían cerdos para su sustento, y este no es el único caso. Según los funcionarios
de la alcaldía,
esos temas no estaban contemplados para ser indemnizados o compensados y se
tratarían
posteriormente.
Todo empeoró
cuando Pamela Biojó,
abogada del proyecto, planteó
que se iban a iniciar las reubicaciones y la demolición de las casas. Los
propietarios, que no se habían
enterado de nada, no solo no recibirían compensación ni reubicación sino que ahora les iban a demoler su casa; a los que iban
a reubicar era a sus inquilinos. No valieron ruegos ni explicaciones, los
desalojos violentos de 300 familias de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas se
hicieron sin contemplación.
Por
eso el 12 de junio de 2015, Jaqueline y decenas de habitantes de las zonas
afectadas protestaron en la Ermita de Cali y 20 de ellos se tomaron la famosa
catedral para exigir atención de las autoridades y presionar un
acuerdo que protegiera sus derechos. La toma y su desarrollo fue pacífico y contó con la solidaridad del Congreso de Los
Pueblos, Sintraemcali, Sintraunicol y la CUT Valle, entre otros. El miércoles primero de julio, después de 21 días, se llegó a un acuerdo con la Alcaldía: la creación de mesas de trabajo para revisar,
evaluar y resolver las problemáticas que rodean todo este proceso
irregular previo y posterior a los desalojos, como el censo de habitantes y
especialmente los casos de las personas que tenían allí su sustento económico a través de empresas o unidades productivas, como Jaqueline y su
familia.
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