La memoria como herramienta en la lucha de clases - Editorial 108

No todo tiempo pasado fue mejor; de hecho, para los pobres y oprimidos la humillación a la que los poderosos los han sometido ha cobrado siempre las más variadas formas de la infamia. Sin embargo, la historia no ha sido ni mucho menos un escenario apacible, sin tensiones ni luchas; por el contrario, como bien lo declarara Marx, ha sido desde siempre el escenario de la lucha de clases, los oprimidos en general no han aceptado nunca como natural el yugo que los poderosos quieren imponerles y no solo se han levantado contra este sino que han desarrollado múltiples propuestas para construir una sociedad libre de toda opresión.

Y esta lucha de clases no se desarrolla solo en el plano material, como una lucha por el control y administración de los recursos, sino también en el plano ideológico como una lucha por la legitimación de ciertos proyectos de sociedad que favorecen o bien la libertad o la opresión. La construcción de la memoria de los pueblos que han resistido a todas las formas de opresión es una estrategia privilegiada en esta lucha, porque impide que los sueños y proyectos por los  que lucharon pierdan legitimidad solo por haber sido aplastados por la violencia de quienes en su momento detentaban el poder.

Esta reflexión podría ayudarnos a poner sobre la memoria de nuestros procesos populares nuevas miradas, ahora que desde las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia se promueve la reconstrucción de la memoria del conflicto. La memoria es algo que nos pertenece a todos, es el legado fundamental de nuestros pueblos y todos tendríamos que estar comprometidos con su rescate y conservación, sin delegársela exclusivamente a determinadas comisiones oficiales. La memoria no se reduce a la recordación de ciertos acontecimientos y personajes significativos en las luchas de los pueblos; es ante todo la actualización de esas luchas.

En este sentido la construcción de la memoria de los oprimidos es una responsabilidad ética y política nuestra con las generaciones pasadas y futuras, pero sobre todo una posibilidad concreta de transformación del presente. Con el pasado, porque la actualización de esta memoria dignifica las luchas de los que cayeron en la tarea de construir una sociedad mejor y le da un sentido a sus vidas para que no se queden enterradas en el olvido de la desmemoria que promueve por doquier el poder; con el futuro, porque en aquellas luchas, en las formas organizativas que los pueblos han tejido a lo largo de la historia, en las formas culturales y artísticas que han desarrollado, en las diversas formas de economía popular, cooperativa y solidaria que el capitalismo y todas las sociedades basadas en la propiedad privada han aplastado, está también la semilla y la fuerza para derrotar la explotación y la opresión.

Finalmente, la memoria nos dice que nuestras luchas nunca empiezan de cero, que ellas se nutren de la sabiduría práctica y teórica acumulada por los pueblos del mundo en sus luchas históricas. Desde la lucha de Espartaco y sus amigos para conquistar su libertad en las antiguas sociedades esclavistas, pasando por las formas organizativas de los campesinos en sovietz en la Rusia de Trotsky y las organizaciones autogestionarias y anarquistas en la segunda República Española, hasta las formas de organización promovidas por los indígenas zapatistas en el México neoliberal de la globalización. En Colombia habría que destacar, por ejemplo, las luchas de los comuneros a finales del siglo XVIII, La Sociedades democráticas organizadas por los artesanos en el siglo XIX y las luchas de la Asociación de Usuarios Campesinos e indígenas para recuperar y trabajar colectivamente la tierra en el siglo pasado.

La memoria de estas luchas como actualización implica apropiarse de ese legado y volverlo a poner en acción, darles vida, encontrar para estas experiencias un lugar en nuestras luchas contemporáneas y en nuestras formas de organización social, cultural y económica. Eso en la Colombia de hoy cobra un significado especial, pues el establecimiento ha hecho un uso perverso y malintencionado de su lucha contra la insurgencia (que hoy reduce a una simple lucha contra el terrorismo), identificando con esta toda forma de lucha y organización popular que pretenda no solo cuestionar el status quo sino construir autónomamente otras formas de vida por fuera del mercado y de la égida del poder estatal. Con ello ha querido deslegitimar desde el principio cualquier forma organizativa y de lucha de los sectores populares en Colombia.

La tarea de la memoria como actualización en este caso significa devolverles a estas luchas su dignidad y legitimidad, y sobre todo reconocer en ellas todavía su fuerza transformadora, el potencial que nos legaron para construir otras formas de economía, relaciones solidarias entre los hombres y con la naturaleza, caminos para la creación artística y la lúdica desde la vida misma de las comunidades, etc.

Así, vale la pena recordar que antes de que existieran las FARC, el grupo de campesinos que la conformaron eran ante todo un grupo de autodefensa campesina que defendía un proyecto de economía campesina, solidario y cooperativo, al que el Estado le declaró la guerra por considerarlo un proyecto de “República Independiente”. Pero aún antes de la creación de estos proyectos, impulsados de alguna manera por la guerra misma de la élite contra los campesinos pobres, éstos ya habían experimentado y desarrollado una cultura de trabajo, de alguna manera heredada de las tradiciones indígenas, como los convites y la mano prestada, con la que se dinamizó la construcción de barrios y veredas por toda Colombia.

La construcción de nuestra memoria histórica, entonces, no se limita a la reivindicación de nuestros muertos sino que recobra los sueños y proyectos por los que entregaron sus vidas. Implica ejercicios de investigación que pongan de nuevo a nuestro alcance las diversas formas de organización y de trabajo de los sectores populares en Colombia para oponerse a la opresión del capital. Y esto no solo como una forma de ampliar nuestro conocimiento de la historia desde los sectores populares sino como la manera de no declarar el pasado como clausurado y aceptar nuestra actual realidad como algo natural y definitivo. El pasado de los oprimidos sigue vivo y es la fuerza que alimenta nuestras luchas, la posibilidad de preñar el presente con otros mundos posibles.

Podríamos, además, recuperar aquí otra dimensión de la memoria como la memoria del presente, amenazada siempre por el bullicio de la industria cultural que lo banaliza todo y lo convierte en mera información efímera y vacía. Quienes hoy luchamos por recuperar la memoria del pasado hemos también de sentirnos, por nuestra sensibilidad y compromiso con una sociedad digna, testigos de excepción de todo lo que el capitalismo neoliberal pretende imponernos como natural, de cómo el mercado pretende incorporar a su órbita todos los ámbitos de la vida, negando con ello la vida misma. Así, la memoria se convierte hoy en una arma fundamental para defender la vida de su mercantilización como un fenómeno que quiere instaurarse en el orden de lo natural y definitivo. Aquí dejamos también testimonio de nuestra resistencia.

El camino de Jerusalén

Por Juan Pablo Giraldo Arango y Diego Duque Pérez

Para llegar al corregimiento de Jerusalén, en el municipio de Sonsón, Antioquia, hay que recorrer 145 km desde Medellín por la vía hacia Bogotá; 2 km abajo del puente sobre el Río Claro se entra a mano derecha por la vía que va hacia cementos Argos. Esta misma vía es la única calle que atraviesa el poblado, que se extiende por un pequeño valle rodeado de colinas kársticas y moldeado por la quebrada el Borniego, un pequeño afluente del Río Claro. Este corregimiento, junto con La Danta y San Miguel, pertenece a las zonas bajas del municipio de Sonsón, cercanas al Magdalena Medio, y su historia está directamente ligada a la explotación de cemento y a los cambios de dinámica poblacional ocurridos desde la terminación de la autopista Medellín-Bogotá.

La importancia estratégica del extremo oriental del departamento era bien conocida y estudiada desde algunas décadas anteriores. Radicaba en la abundancia mineral, hídrica y vegetal. Los gobiernos nacional  y departamental implementaron políticas enfocadas en la extracción y aprovechamiento de recursos a gran escala, dictadas desde el Fondo Monetario Internacional.  En 1966, el inicio de la construcción de la autopista Gonzalo Mejía, mejor conocida como Medellín-Bogotá, estableció el vínculo directo de este territorio con las grandes ciudades a través de la extracción de sus recursos. La variada abundancia, desde el potencial hidroeléctrico, suelos y subsuelos ricos en materias primas indispensables para la producción de cemento –entre otros, mármoles calcíficos, cuarcitas y zaprolitos–, hasta diversos tipos de maderas, hizo que se privilegiara para la carretera el tramo que cobija al corregimiento de Jerusalén sobre otros como Medellín- Puerto Triunfo.

Los primeros pobladores habían llegado hasta tierras cercanas con el ánimo colonizador de las primeras décadas del siglo 19, partiendo desde El Santuario, Granada y Cocorná por el denominado camino de mulatos, una de las entradas colonizadoras al Magdalena Medio. Así, el eje de intercambio comercial fue, hasta la construcción de la vía, un camino de arrieros y mulas, por el  cual se comerciaban productos de sus regiones, transportados en caminatas a pie y arriando mulas, desde el alba hasta el ocaso. La autopista  significó un profundo cambio para las poblaciones de esta zona, que vieron en su cercanía mejores posibilidades económicas. Así, el territorio se fue llenando de casitas mirando hacia la vía, y con ellas, talleres mecánicos, lavaderos de camiones, tiendas, hoteles, etc. Para toda su periferia, la vocación productiva cambió drásticamente.

Mientras tanto, en los sectores aledaños a las grandes industrias, generalmente de carácter extractivista, sus dinámicas poblacionales giraron en torno a las explotaciones de recursos para las cementeras y la construcción en general. Esta dinámica permitía y promovía el establecimiento de actividades comerciales, y de poblaciones enteras prestadoras de servicios en sus territorios que se confundían con campamentos perpetuados en el tiempo; tal es el caso de Jerusalén.

Sus primeros pobladores llegaron desde San Francisco, Aquitania, La Holanda, San Luis y Doradal, atraídos por la explotación de maderas, y las vacantes ofrecidas por Cementos Río Claro, una empresa que comenzó la construcción de su planta procesadora a principios de los años 80, demandando abundante mano de obra. Con el tiempo, la prosperidad de la industria, que para el año 85 abastecía el 70% de los requerimientos de la construcción en Medellín y el 50% en Antioquia, continuó atrayendo pobladores como obreros o prestadores de servicios. Surgieron restaurantes, tiendas, cantinas y hoteles, los cuales generaban una importante actividad económica y comercial y al tiempo una expansión urbana sin planeación ni regulación. La mayoría de las casas se ubicaron en los márgenes de la carretera, pero a falta de espacio, se extendieron entre las colinas y laderas del cañón de la quebrada Borniego, que además recibe las aguas negras del poblado, pues éste carece de alcantarillado.

El conflicto armado marcó al corregimiento desde 1985, primero en forma de atentados guerrilleros contra la industria y luego en la confrontación directa entre actores armados. Su mayor intensidad fue entre diciembre de 2000 y enero de 2001, cuando toda la población se tuvo que desplazar a diferentes lugares por cerca de 2 meses. En 2005 cambió de propietario la cementera y pasó a manos del grupo Argos; la relación entre el poblado y la empresa, caracterizada hasta entonces por el mutuo beneficio, pasó a ser conflictiva por los planes expansionistas de la multinacional, que incrementó su producción de 7.000 a 12.000 toneladas de cemento diarias.

Esto hizo que la vía de acceso a la planta fuera insuficiente, y obligó a la empresa a construir una doble calzada, para lo cual tenía que remover el poblado. Además de esto, el caserío enfrenta otros 2 líos legales. Primero: el acuerdo 12 de 2003 del municipio de Sonsón prohibió construcciones a menos de 10 metros del riachuelo y exigió que se reubicaran aquellas que incumplieran esta condición. Sin embargo, a pesar de que el acuerdo está firmado por el Consejo de Sonsón, ningún ente acudió a ejercer el control correspondiente ni a ejecutar lo que le correspondía; por eso buena parte del poblado sigue establecido en zona declarada de alto riesgo. El segundo, y tal vez más grave, es que toda el área urbana está construida sobre un título minero aprobado para la empresa Sumicol Corona, otorgado sin ningún tipo de concertación ni siquiera socialización con la comunidad.

Un líder comunitario nos cuenta que ya han sido advertidos de que si no conciertan bajo las condiciones de la empresa, Argos abrirá una nueva vía de acceso independiente de Jerusalén, deteniendo así el flujo económico y comercial del corregimiento. Ante tal amenaza, el corregimiento ha iniciado el proceso de resistencia, dentro del cual convocó el pasado 9 de junio al Consejo Territorial de Planeación a exponer el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el que se plantea la inminente reubicación del poblado.

La municipalidad dice no tener capacidad económica para realizar la reubicación, y entre la comunidad reina la incertidumbre. Por eso impulsan hoy consignas que incentivan a la permanencia en el territorio, el respeto por los recursos naturales, y han buscado acercamiento a procesos organizativos regionales con el fin de romper el silencio al que los han condenado las instituciones, que entre otras cosas, según la comunidad, buscan desconocer la categoría de corregimiento de Jerusalén para deslegitimar los reclamos de las comunidades.

Entre tanto, la comunidad seguirá pasando sus días entre la incertidumbre y el cerco de los intereses económicos, con la amenaza latente de un nuevo desplazamiento y con la desdicha de habitar las tierras en que el capital ya puso sus colmillos.

La lucha de las mujeres en la comuna 13 mueve montañas

Por Anyela Heredia

Es miércoles 15 de julio. En el búnker de la Fiscalía, unas quince cámaras fotográficas y de grabación con sus respectivos flashes apuntan los rostros de Luz Ángela, Margarita, Alejandra, Gladys y Luz Elena, todas ellas integrantes de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Expuestas al asedio de los periodistas, ellas comparten sentimientos encontrados de cara al anuncio que después de trece años de lucha por el esclarecimiento de la verdad de los crímenes y violaciones de derechos humanos, ocurridos en la Comuna 13 durante las operaciones militares y paramilitares en el 2001 y 2002, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín iniciarán un proceso de excavación y búsqueda de cuerpos en el sector de la Escombrera (en límites entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal).

Por una parte las embarga la emoción y la certeza de que nada de esto sería posible sin las innumerables acciones políticas, jurídicas y de movilización que han emprendido durante años exigiendo verdad y justicia; de otro lado, la ansiedad y la ilusión de poder encontrar a sus familiares desaparecidos, una ilusión que se manifiesta también con dolor en voces entrecortadas que se debaten entre la expectativa y la tristeza, pues encontrar a sus seres queridos bajo una montaña de escombros es su última esperanza.

Entre tanto, la directora de articulación de las fiscalías especializadas a nivel nacional, Caterina Hayck, anunciaba que durante el proceso se removerán aproximadamente 24.000 metros cúbicos de tierra en un área de 3.700 m2. Esto es apenas el primero de tres polígonos (áreas) en las que se presume hay enterradas cientos de personas y que constituyen hoy lo que ella misma describe como “la fosa común más grande del mundo”.

Alejandra recuerda que durante años han recogido versiones de habitantes cercanos al sector, que mencionan carros en la noche descargando cadáveres, movimientos extraños y personas cavando su propia fosa antes de ser asesinadas. Sin embargo, según explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que es la representante de las víctimas, existen dos versiones en las que se basan las autoridades para iniciar el proceso de búsqueda: la versión de un exintegrante del bloque Cacique Nutibara (alias “Móvil 8”), quien señaló tres puntos de la escombrera en los que habrían enterrado cadáveres, y una versión de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) en la que, sin mayores detalles, reconoce que puede haber unas trescientas personas enterradas allí.

Según la abogada, aún no se ha hecho ninguna investigación y una de las exigencias por parte de las víctimas de la 13 es que el proceso vaya más allá de la búsqueda y exhumación “de huesos”, que haya un proceso de búsqueda integral que incluya todas las acciones necesarias que conlleven al  esclarecimiento de los hechos. Es necesario determinar exactamente el número de personas desaparecidas, tomar declaraciones, buscar a los familiares, y que haya un fiscal que coordine todos los casos, pues los procesos penales adelantados hasta hoy se encuentran dispersos y hay muchos en los que no se ha adelantado investigación alguna.

Además, dice, no es cierto que los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, incluido don Berna, hayan contribuido a la verdad. Asegura que existen muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como la sistematicidad de los casos, el hecho de que todas esas desapariciones y violaciones a los derechos humanos se dieran en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y hay  responsabilidades de autoridades civiles y militares que deben ser esclarecidas y sancionadas.

Adriana destaca que este es un proceso liderado por las víctimas, y el protagonismo de las mujeres evidencia que las víctimas más que objetos de atención, son sujetos políticos que reivindican sus derechos y que piden garantías concretas de reparación y no repetición.

En ese sentido, Luz Elena valora el hecho de que por fin la Fiscalía las haya escuchado, pues ha sido un proceso de trece años de lucha y resistencia frente a la negligencia  de un Estado que nunca mostró interés en que se supiera todo lo que ocurrió en la comuna 13. Recuerda cómo ella y sus compañeras, venciendo el miedo y el dolor, realizaron actos simbólicos tales como una vigilia en el barrio Eduardo Santos, en medio de la más recia paramilitarización. También recuerda cómo, cuando se hizo la extradición de alias “don Berna”, interpusieron una queja ante la fiscalía de EEUU pidiendo respeto por los derechos de las víctimas, lo que permitió que don Berna reconociera lo que había pasado en la operación Orión y la participación de los paramilitares en los operativos militares. En 2012 crearon una Comisión de Esclarecimiento que en buena medida contribuyó a que hoy la excavación sea un hecho. 

Entre las garantías que las mujeres piden para el desarrollo del proceso, Margarita resalta la importancia de que las excavaciones se extiendan a los otros perímetros señalados dentro y fuera de la escombrera en los que se presume pueden haber cuerpos enterrados. Y que se cierre de inmediato la escombrera del Salado, que aún continúa activa pese a la insistencia de las víctimas.

Carlos Fidel Villamil, director nacional de Justicia Transicional (antes, Justicia y Paz), declaró que durante los últimos siete años se han descubierto 4.649 fosas comunes en el país, de las cuales 803 están en Antioquia, y que de 1.023 cuerpos encontrados en Antioquia, solo 547 han podido ser identificados y entregados a sus familiares. Ante este relato, Margarita cuenta que otra de las exigencias de las víctimas es que una vez se hagan exhumaciones, se proceda con la mayor celeridad a la identificación y entrega de los restos a sus seres queridos para evitar así profundizar el daño sufrido.

Alejandra, que tiene 26 años y a su padre y a su hermano desaparecidos desde hace trece y nueve años respectivamente, explica la importancia de poder realizar el duelo: “Aunque es triste pensar en recibir a nuestros familiares en una caja, para nosotros es la posibilidad de darles sepultura de acuerdo a las creencias de cada familia, y de hacer el duelo, porque hasta ahora tenemos el duelo abierto. No sabemos si están allí o no, si están vivos, si so

n indigentes; eso mantiene nuestro duelo abierto”.

Las mujeres han exigido que se les garantice el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso y han construido una propuesta de campamento permanente, adecuado para que puedan estar allí diariamente unas diez personas entre víctimas y psicólogos, donde pueda adelantarse, además de la labor de veeduría, un trabajo de memoria. Explican que se trata no solo de recoger los relatos individuales de las víctimas, sino de la reconstrucción de la memoria colectiva de la Comuna 13 y lo que ésta ha significado para la vida de la ciudad entera.

Finalmente, hacen la invitación a las organizaciones sociales y medios de comunicación de la ciudad para que acompañen el acto de apertura del proceso este 27 de julio desde las horas de la mañana.