Derecho a la comunicación e información: un debate para la paz

Artículo publicado en la Edición impresa 116 (Abril - Mayo 2016) de Periferia Prensa Alternativa

Por Cristian Zuluaga

Durante muchos años la movilización social en Colombia ha puesto en discusión la necesidad de que el Estado garantice nuevos espacios comunicacionales desde donde se promueva la pluralidad de visiones sociopolíticas, económicas, culturales, y que además cooperen en el mejoramiento de la información pública, como elemento central en la vida social y comunitaria para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

Dos grandes elementos concentran estos reclamos. El primero tiene que ver con poner de manifiesto que la propiedad de los medios masivos de comunicación se encuentran en manos de pequeños grupos económicos y políticos; el segundo, como consecuencia del primero, se relaciona con los contenidos producidos, donde se incluyen cuestionamientos a las maneras de abordar una noticia, la falta de interés por la formación política de los ciudadanos y la no representación de la diversidad cultural e ideológica. De cara a estos reclamos, ningún gobierno (digamos, los cinco que van del periodo de economía neoliberal) ha tenido decisión ni interés de abrir un amplio debate en el país frente a una necesidad y a una deuda de la democracia colombiana: la construcción social de una ley de medios y de la información.

Por un lado, debe ser una construcción social pues en muchos territorios del país se han planteado propuestas de comunicación alternativa desde la radio, televisión y prensa comunitaria, rural y popular, siendo expresiones sociales fundamentales para la paz, y que en muchos momentos han sido silenciadas por actores cercanos al Estado, promotores del autoritarismo. De otro lado, se debe remitir a la gran cantidad de medios que confluyen hoy en el espectro informativo: blogs, redes sociales, revistas y periódicos digitales, entre otros.

Esta situación evidencia que hace rato la transformación digital modificó el paradigma tradicional de la comunicación en el cual había una audiencia receptora de información y estática en la producción. Sin embargo lo que aún no se transforma, es el poder de algunas pocas empresas de comunicación – por cierto, homogéneas en contenido- al tener una mayor audiencia sobre la cual inciden de múltiples maneras; en otras palabras, aunque internet sea otro gran medio masivo, las dos grandes cadenas de información en Colombia siguen proponiendo una agenda precaria a la opinión pública.

Planteado este panorama surgen diferentes preguntas: ¿Debe el Estado intervenir en la regulación y promoción de un nuevo sistema de comunicaciones que articule los diferentes medios en los cuales hoy circulan gran cantidad de información? ¿Esta intervención debe ser en la propiedad de los medios (prensa, radio y televisión), en el contenido de la información o en la forma como se articulan los diferentes medios? ¿Cómo se relaciona esto con la construcción de paz territorial, la defensa de la información como un derecho humano y con el fomento de distintos pensamientos y nuevas ciudadanías?

¿Qué ha sucedido con nuestros vecinos? 

Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay han sido algunos de los países de la región que desde el 2004 han generado debates nacionales frente al sistema de comunicaciones. Si bien cada uno tiene sus propias particularidades, América Latina comparte una historia de los medios en los cuales el liderazgo de pocos grupos mediáticos, concentrados en centros urbanos de cada país, generan una agenda informativa que no reconoce otras realidades nacionales; además, frente a la ausencia de regulación formal y legal se ha impuesto un control informal motivado por la relación entre los gobernantes y los detentadores de las empresas periodísticas.

Estos y otros elementos políticos promovieron que gobiernos, principalmente de izquierdas, manifestaran su interés por regular los sistemas de comunicación nacionales y democratizar el acceso a estos medios; tal como lo cuenta Martín Becerra: “Varios gobiernos de la región enunciaron su intención de modificar el statu quo en las industrias de la comunicación (…) se trata de políticas que pretenden alterar su régimen de propiedad, sus modos de financiamiento y las posibilidades de acceso a ellas por parte de diferentes actores sociales”.

Una de las leyes con mayor resonancia en la región fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, aprobada en 2009 en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner; al ser revisada, la Corte Suprema de Justicia le otorgó toda la constitucionalidad y sentenció que “el objetivo de la regulación de los medios es el robustecimiento del debate público y que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado”. Este tipo de apuestas democráticas por la comunicación no ha gustado a grupos periodísticos (como el Grupo Clarín en Argentina) ni a gobiernos neoliberales; lo mostró el arranque del gobierno de Mauricio Macri en el sur del continente, al modificar a través de un decreto la anterior Ley. 

Sin duda estas regulaciones abren muchos debates sobre la libertad de expresión y el uso del espectro informativo en las naciones, y estas experiencias latinoamericanas son claves para pensar el proceso de construcción de una ley de medios en Colombia, que se articula a un momento histórico donde la repolitización de la vida social se hace imperante desde múltiples escenarios que contribuyen a la paz.

Sin embargo no se debe creer que una ley por sí sola transformará las realidades. Es necesario que los múltiples y variados medios de comunicación alternativos, populares, juveniles, aporten y sean las bases para la edificación de esta ley. Los partidos políticos hace rato dejaron de representar los intereses de los sujetos y grupos mayoritarios en Colombia, los medios masivos y tradicionales se han ocupado de la política de los escándalos, del espectáculo y de valorar a la información como un mero espacio publicitario. Los nuevos medios masivos de comunicación deben representar los diferentes intereses y promover que sean las mismas comunidades quienes se auto representen, ya que a indígenas, campesinos, estudiantes, afros, lgtbi, trabajadores, entre muchas otras expresiones sociales, se les ha negado un espacio real en la información y en los contenidos producidos.

De esta manera la comunicación y la información deben avanzar hacia la recuperación de memoria nacional y la reconstrucción de subjetividades y colectividades, a la movilización social y con objetivos comprometidos con la participación democrática efectiva. No en vano, en la mesa de negociación en La Habana en el punto de participación política se acordó: “Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia”.

¡Vaya tarea nos espera como país!