Artículo publicado en la Edición impresa 115 (Marzo - Abril 2016) de Periferia Prensa Alternativa
Por Trochando Sin
Fronteras
Desde la perspectiva de la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la paz va más allá del silenciamiento de
los fusiles. Pese que la Cumbre apoya la solución política al conflicto social
y armado, y en consecuencia reconoce la importancia de los diálogos que se
realizan en la Habana entre el gobierno y las FARC-EP y llama a la instalación
de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN, considera que estos
no abordan todas las problemáticas sociales y territoriales que afrontan en la
cotidianidad las comunidades.
En este sentido, desde la Cumbre
Agraria, se ha promovido la realización de Cumbres de Paz: 13 regionales, 3 sectoriales
y una de carácter nacional. Bajo el lema 'Sembramos Esperanza, Cosechamos País'
los gremios y sectores organizados se vienen encontrando en un diálogo que
contribuye a la construcción y desarrollo de una paz con justicia social desde
los territorios, que articula y fortalece el conjunto de iniciativas que impulsa el movimiento social y popular.
En
Arauca, la Cumbre de Paz se desarrolló los días 3, 4 y 5 de marzo, con la
participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos
que integran la Cumbre, junto a otras expresiones e iniciativas que trabajan
por la paz. Al menos 350 personas llegaron desde veredas, corregimientos y
comunas de los departamentos del Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada,
Casanare, Cundinamarca y Boyacá, con el propósito de comprometer esfuerzos en
la construcción de Paz con justicia social y un país para la vida digna, asumiendo
la unidad como camino para avanzar en ese gran sueño.
En el evento también participaron varios
líderes políticos del departamento de Arauca, entre ellos las alcaldesas de
Puerto Rondón y Arauca capital, el alcalde de Tame, varios diputados y
concejales, y el gobernador Ricardo Alvarado. Éste último manifestó su apoyo a
las iniciativas emanadas de la Cumbre y su apuesta por una paz en la que la
garantía de derechos fundamentales sea una realidad.
Teniendo como base que el pliego
unificado de la Cumbre Agraria es la agenda de paz de los procesos
comprometidos en ella, luego de hacer un análisis del contexto nacional e internacional,
se discutieron los principales temas que conforman tal pliego. Así, se debatió
la política minero-energética, los enfoques territoriales desde las visiones
indígenas, afro y campesina, las propuestas de Zonas de Reserva Campesina y
Territorios Agroalimentarios, la participación y la Justicia como pilar
fundamental en la construcción de Paz.
Sobre
el contexto nacional e internacional,
la Cumbre enfatizó en la afectación del modelo capitalista que ha destruido
los territorios y la vida, bajo el discurso del ‘desarrollo’. Los asistentes
ratificaron su compromiso con un proyecto de sociedad armónico con la
naturaleza a la vez que denunciaron “las Zidres porque violentan los derechos
de campesinos, afros e indígenas y la autodeterminación, preparando los
territorios al servicio de la acumulación del capital”, así como “la existencia
de una nueva reconfiguración del paramilitarismo como estrategia para el
despojo y control territorial.”
En materia de Política Minero energética
presentada por el Gobierno Nacional como “locomotora”, se
planteó que para enfrentarla es necesario actuar conjuntamente a fin de
defender los territorios puesto que esta política busca entregarlos a las
multinacionales. Como alternativa se reafirmó el compromiso de “construir una propuesta minero energética
sobre la base de la soberanía nacional, la autosuficiencia energética y la
participación directa de las comunidades en las decisiones sobre la explotación
de los recursos naturales” y se exigió la “revisión de la renta minero energética en beneficio de los intereses
del Pueblo.”
En cuanto a Territorio y territorialidad, se partió de reconocer que existe diversidad de visiones en las
comunidades en cuanto a su historia, su cultura, sus ancestros y sus formas de
organización sociopolíticas. En ese sentido, se planteó “la defensa de los territorios autónomos ancestrales como un
reconocimiento a la posesión y apropiación histórica de los pueblos indígenas”
“los concejos comunitarios como un derecho conquistado para salvaguardar el
territorio colectivo y la cultura” “
los territorios campesinos
agroalimentarios para reivindicar el derecho al territorio
por parte del campesinado colombiano, entendiendo el campesinado como un sujeto
social transformador y el territorio como una construcción social e histórica
que va más allá de lo productivo, como escenario para consolidar un proyecto del
bien vivir para los pueblos”.
También
se reconoció que las Zonas de Reserva Campesina constituyen una oportunidad
para blindar los territorios frente a los intereses del gran capital
transnacional y de los terratenientes que mediante la violencia imponen el
despojo bajo “el silencio del Gobierno Nacional” lo cual implica según los
participantes “unir esfuerzos para la
liberación de la Madre tierra y construir en conjunto un pacto de convivencia
en los territorios, para consolidar posibilidades reales de relacionamiento
respetuoso y recíproco entre pueblos” que conlleve a la construcción de
territorios interétnicos, con gobiernos autónomos definidos por los pueblos, un
ordenamiento propio del territorio que converse con la cultura y los procesos
de las luchas de los pueblos. Señalaron además que para ello “un paso fundamental es avanzar en rutas
autónomas para la resolución de los conflictos territoriales que en gran medida
han sido promovidos históricamente por el Estado nacional.”
Con respecto al punto de Justicia, los
asistentes a la Cumbre por la Paz indicaron que ésta “históricamente
ha respondido al interés de la clase dominante” e
instan a que “en los acuerdos de
terminación del conflicto armado exista un real proceso de justicia frente a
los crímenes de Estado y de Lesa Humanidad, se haga pública la verdad sobre los
diversos hechos, se repare integralmente a las víctimas y se planteen garantías
para la no repetición”. Sin embargo queda la gran preocupación por el
recrudecimiento del paramilitarismo y la
criminalización de la protesta social, lo cual conllevó al desmonte de este
aparato criminal y la exigencia de garantías reales para la lucha social y “la libertad inmediata a los prisioneros
políticos porque son perseguidos por el régimen”
En cuanto a la Participación respaldaron
“las diversas
iniciativas de la sociedad en el marco de un proceso constituyente popular y
democrático, como las constituyentes populares y democráticas por la paz, la
mesa social para la paz, la comisión étnica para la paz y otras propuestas,
para que de manera articulada fortalezcamos un proceso de construcción y
participación directa y decisoria desde los movimientos sociales, políticos y
populares.” A
la vez que se exigió que las comunidades sean las protagonistas en la
implementación de los acuerdos en los territorios para garantizar una paz
sostenible y con justicia social.
Por
último, y teniendo en cuenta el contexto actual de vulneración de derechos
fundamentales, los participantes en la Cumbre Regional decidieron participar en
las jornadas de movilización convocadas para el 17 de marzo y a la vez
ratificaron la convocatoria al gran paro nacional indefinido, aprobado por la
Cumbre Agraria Campesina, Étnica Popular a finales del primer semestre de 2016.
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