En el río Cauca ya no se puede pescar ni barequear

Por Sara López Acevedo

La subregión del  Bajo Cauca antioqueño la componen los municipios de Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, El Bagre y Zaragoza. Está ubicada sobre las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, los mismos que han proporcionado gran parte del sustento económico y de la identidad cultural de las comunidades que la habitan.  Esta subregión ha sido fuertemente golpeada por la violencia política y económica, según lo que han venido denunciando sus comunidades, para quienes los proyectos mineroenergéticos son los causantes de la agudización de muchos conflictos en sus municipios y veredas.

Los pescadores

Una de las principales problemáticas hoy la vienen enfrentando los pescadores, para quienes su actividad económica se está viendo fuertemente afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Aunque su infraestructura se desarrolla en municipios del norte de Antioquia (Briceño, Ituango, Toledo), embalsando aguas del Río Cauca, el caudal de este sigue su curso hacia el Bajo Cauca, donde los pescados llegan con las agallas llenas de lodo a causa de la tierra removida para construir la represa. Jorge Eliecer Galván, pescador de Nechí y miembro de Agropescan, una de las asociaciones de pescadores del Bajo Cauca, cuenta que antes los peces bajaban en abundancia y tenían de sobra para vender y sostener a sus familias. Ahora es poco lo que pueden pescar porque todo el pescado está bajando muerto. 

Agropescan, Asapen, Apesagropal, entre otra cantidad de asociaciones de pescadores, integran a un grupo de 1.600 pescadores reconocidos y apoyados por el Ministerio de Agricultura. Pero eso, según lo relatan los mismos pescadores, parece no servirles de nada mientras no tengan peces para pescar y mientras Hidroituango y la Gobernación no ofrezcan soluciones o alternativas para ellos y más bien sigan insistiendo en el argumento de que no hay afectación en el río Cauca y mucho menos aguas abajo. 

El mayor temor de los pescadores es dejar de existir como tales, porque tienen claro que en torno a esta actividad se ha constituido su identidad. Por eso una de sus exigencias concretas es que les sean entregadas tierras que tengan cuerpos de agua o humedales, en las que ellos puedan sembrar peces y seguir desarrollando su actividad económica, aunque seguramente no como lo hacían en el río.

Los mineros

Foto tomada de: corregimientoeldoce.blogspot.com

Otro tema central en las problemáticas de esta subregión lo tienen los mineros. La extracción de oro de aluvión en el Bajo Cauca es anterior a la época de la conquista, pero es en los años 80’s aproximadamente cuando se da el auge de esta práctica. Esto provocó un proceso de poblamiento en la región y la implementación de diversas formas para extraer este recurso. Ya no solo era el barequeo o minería artesanal, sino que se empezaron a constituir los pequeños y medianos mineros, que se valen de la utilización de retroexcavadoras y otras maquinarias. Estos últimos han venido tratando de formalizar completamente su actividad económica en busca de títulos mineros para la extracción de oro; de hecho, algunos ya tienen los títulos. Sin embargo, es un proceso difícil no solo porque existen pocas áreas libres para titular, pues la mayoría de ellas está en manos de empresas multinacionales, sino porque han tenido que soportar la quema de su maquinaria apoyada en el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, que prohibió la utilización de cualquier equipo mecánico para actividades mineras sin título inscrito en el Registro Minero Nacional.

Por otro lado, el actual código minero, según lo expresan las comunidades de esta región, criminaliza al pequeño minero y al minero artesanal, al no dejar claras las fronteras de lo que es la informalidad y la ilegalidad. Por eso, una de sus exigencias es ser tenidos en cuenta para la construcción del Código Minero, y ser consultados previamente cuando van a ser otorgados los títulos a las empresas multinacionales.

Los cultivos de uso ilícito

Sin desconocer que en el Bajo Cauca la violencia y la presencia de grupos paramilitares convirtió esta zona en uno de los principales centros de producción y procesamiento de hoja de coca, sus pobladores aseguran que fue con la llegada de la megaminería desarrollada por empresas privadas y multinacionales, la persecución a los pequeños mineros y mineros artesanales, y las dificultades legales para ejercer esta actividad extractiva, que se generó un incremento en la siembra de cultivos de uso ilícito como la coca, la marihuana y la amapola. Y es que, arrinconados por las multinacionales y el gobierno, muchos campesinos no encontraran otra alternativa económica. A esto se suma que la producción agrícola y su comercialización se dificultan en gran parte de la región debido a la inexistencia o precariedad de vías de acceso, lo que eleva los costos de producción.

Las fumigaciones aéreas con glifosato, como parte del programa del gobierno nacional para la erradicación de cultivos de coca, también azotaron la región y desataron fuertes movilizaciones para exigir que se acabaran. Hoy los campesinos siguen exigiendo alternativas, protección y garantías, pues mientras la minería, la pesca y todas sus actividades económicas tradicionales se sigan viendo afectadas a causa de los megaproyectos minero-energéticos, ellos no tienen otra opción que acudir a la siembra de cultivos de uso ilícito para garantizar su sustento económico.

Experiencias organizativas y propuestas alternativas

Desde el 2009, Asoagromicauca – Asociación de agromineros del Bajo Cauca – ha venido trabajando  con el objetivo de garantizar la permanencia de los campesinos en el territorio que han habitado históricamente. Su lucha principal, según lo cuenta Alexander Ramos, integrante de esta asociación, ha sido por formalizar su ejercicio minero. Pese a todas las dificultades que han enfrentado, han obtenido ya dos títulos mineros, por eso, siendo conscientes del impacto ambiental que genera este ejercicio, lo acompañan de un Plan de Mitigamiento Ambiental, que incluye aspectos como remover la capa vegetal, pero sin procesarla y lavarla, para que, posterior a la explotación, puedan reubicarla. Además, para que los sedimentos no caigan a las quebradas, utilizan pozos de sedimentación. También se esfuerzan en eliminar completamente el mercurio, lo que implica cambiar los métodos de procesamiento del mineral.

Alexander explica que “nosotros sabemos el daño ambiental que implica remover una hectárea de tierra, pero es preferible que se beneficie la misma gente de la región, a que vengan las multinacionales y quedemos nosotros aguantando hambre después de que ellos se lleven todas nuestras riquezas”.

Estas comunidades también están realizando un esfuerzo, en la parte de la producción agrícola, por construir economías propias y autónomas desarrolladas en la misma región a través de redes solidarias. Actualmente tienen sembradas 80 hectáreas de arroz, con las que se busca satisfacer la demanda de la región e ir eliminando la necesidad de traerlo desde otras regiones. Esta primera experiencia con el arroz quieren replicarla con la producción de maíz y otras hortalizas, pues su fin último es generar un arraigo en la región y mantener vigente la lucha por la soberanía y autonomía de sus comunidades.