Por
Julián Alvarán
El
pasado 5 de agosto, el Comité de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales
(CUSP) y diversas organizaciones sindicales y sociales de la ciudad, realizaron
un plantón frente a la Alcaldía Municipal para hacer pública la entrega de las
firmas recolectadas durante mes y medio para tramitar el derecho a un mínimo
vital de agua, tal como se ha dado en Bogotá, Medellín y Cali. Con esta acción
se completa un proceso de lucha y resistencia de las comunidades por la defensa
y reclamo de los derechos más básicos que los grandes gobernantes y entes
públicos y privados se niegan a reconocer.
Como
señala José Jairo Arias, vicepresidente del CUSP, “esta solicitud consiste en
enviarle un memorial al alcalde con más o menos unas 5.000 firmas, que se recogieron
para solicitar que se aplique el mínimo vital de agua,
tal como lo ordena la corte constitucional en diversas sentencias como la T-549
de 2009, la T-092 de 2011, la T-188 de 2012, entre otras. En estas sentencias
se establece que el agua es un derecho fundamental, por lo tanto cada ciudadano
tiene derecho a un mínimo de 50 litros diarios, lo cual equivale a que un
promedio de 6 metros cúbicos mensuales consumidos por cada usuario se cargue al
presupuesto municipal”.
Para
los dirigentes del comité, las firmas fueron pocas, pero suficientes. Entre
otras razones porque “nos adelantamos a entregarlas en esta fecha, pues no
queremos que esta lucha tenga color político”, señala José Jairo. Moisés
Gallego, presidente del CUSP, agrega que
“nosotros podríamos haber seguido recogiendo las firmas hasta octubre,
pero se nos hubiera mezclado con las elecciones y lo que pretendemos es que
esto sea una bandera social y no una bandera política de tal o cual campaña”.
El proceso
de exigir un mínimo vital de agua se inició enviando una solicitud formal a la
alcaldía, quien dejó el caso en manos de Aguas de Manizales, entidad que presta
el servicio en la ciudad. En ese momento la respuesta de la empresa generó
confusión, pues a la vez que manifestaba la posibilidad de aplicar tal medida,
señaló que no era posible para ellos realizarla, por lo cual se procedió desde
el Comité y los sectores sociales y populares de la ciudad a la recolección de
las firmas.
Esta
lucha concreta que hoy adelantan los usuarios de servicios públicos es una más
en un largo trayecto por la exigencia de condiciones de vida digna para la
población manizalita. Como lo afirma el
presidente del comité, “en general el tema de los servicios públicos es muy
complejo en la ciudad, no por la prestación del servicio, que es eficiente,
sino por los altos costos. El gas domiciliario, por ejemplo, cada mes sube de
precio, porque la fórmula tarifaria va ligada al dólar, entonces cada vez que éste
sube, se incrementa el precio del gas domiciliario”.
También
preocupa a la población manizalita el alto costo de la tarifa de energía en la
ciudad, la cual ha venido creciendo desde el momento en que la Chec (Central
Hidroeléctrica de Caldas) pasó a manos de EPM. “Hoy, por ejemplo, la tarifa de
energía es muy alta y la pérdida de los derechos de los usuarios es alarmante,
pues nos vuelven a quitar la posibilidad de pagar el saldo anterior cuando se
acumulan dos facturas, que era algo que ya habíamos ganado en la movilización”
expresó el presidente del Comité de Usuarios. Y señala además que “el caso de
Aguas de Manizales es bien particular, pues se presentan inconsistencias en
cuanto al corte de agua potable, en un servicio que es vital para las personas”.
Como
lo expresaron varios de los integrantes de las organizaciones sindicales y
sociales que acompañaron el plantón, se contempla la posibilidad de que Aguas
de Manizales aplique el mínimo vital de agua no solo al estrato 1 y 2, como en
otras ciudades, sino para todos los estratos. Esto equivale, según cifras del
CUSP, a 4.500 millones de pesos anuales. Sin embargo, Moisés Gallego afirma que
“el escollo está en el alcalde Jorge Eduardo Rojas, que es el presidente de la
junta directiva de Aguas de Manizales y el único que puede presentar el
proyecto para su aprobación ante el concejo de la ciudad. Y realmente hoy no
sabemos qué pasa con el alcalde, pues no tiene ningún argumento, ni técnico ni
financiero, para decir que no; creemos que es un problema de arrogancia
personal y política”.
Además
preocupa el silencio de los gremios económicos y más aún la indiferencia de la
mayoría de líderes de las juntas de acción comunal. Como lo reafirman varias
voces entre los participantes de esta acción, “allí se juegan diversos
intereses partidistas, ya que la mayoría de juntas comunales son directorios
políticos del senador conservador Luis Emilio Sierra, también del partido de la
U en cabeza de Mauricio Lizcano, o del Mira o del centro democrático. Entonces
ellos no miran el interés de la comunidad sino su propio interés”. En el mismo
sentido, Moisés Gallego afirma que “las juntas de acción comunal no asumen
ningún compromiso, toman la posición más cómoda. Los partidos políticos que han
manejado el departamento hacen un cálculo mezquino y es que si esto se aprueba,
se fortalece el comité de usuarios y en este hay sectores de izquierda y
alternativos que se fortalecerían”.
La
lucha y defensa de los servicios públicos ha tenido una buena aceptación de los
sectores sociales y particularmente esta lucha por el mínimo vital de agua ha
sido vista con buenos ojos, sobre todo por los habitantes de las comunas más
golpeadas por la pobreza, el desempleo y el despojo. Así lo señala una
habitante del barrio la Avanzada, uno de los más olvidados por los gobernantes,
al señalar que “es muy bueno lo que está haciendo el comité de usuarios, porque
nosotros los pobres muchas veces no tenemos con qué pagar los servicios,
entonces esto sería un beneficio grande para nosotros, porque en nuestro barrio,
que es de estrato 1, los costos de las facturas son muy elevados. Entonces este
tipo de luchas son las que necesitamos dar todos los ciudadanos que estamos
olvidados por el Estado”.
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