Paz y justicia son dos términos inseparables. O mejor, la justicia es la
condición sine qua non de una paz
verdadera. Porque la guerra generalmente la hacen los poderosos contra los
pueblos para imponer y mantener el orden social que les garantiza su poder y
privilegios; y a veces los pueblos se rebelan contra este orden social y se
alzan en armas para exigir justicia. Por eso todo proceso de paz con los
rebeldes implica transformaciones en el orden social imperante. Desgraciadamente,
el tema sobre la exigencia de justicia en las actuales negociaciones de paz
entre el gobierno y las FARC ha sido banalizado hasta la ridiculez por parte
del gobierno y esta ridiculización ha sido encajada como natural por buena parte
de la sociedad, enajenada por los medios masivos de información.
Cuando arrancó en firme el proceso de negociaciones entre el gobierno y las
FARC, el primero se apresuró a afirmar, como para tranquilizar a los ricos y
poderosos de este país, que no iba a negociar el modelo económico. Y
efectivamente, desde entonces no ha dejado de profundizar la política neoliberal,
responsable de agudizar la pobreza y la desigualdad en nuestros territorios.
La puesta en marcha de los diversos TLC está acabando de hundir sectores
sociales y económicos como los campesinos y los pequeños industriales que ya
habían sido duramente golpeados por la política de Apertura Económica. La
privatización de la educación se agudiza con una política de asistencia social
que desactiva cualquier resistencia por fuera de las universidades públicas:
las famosas becas para los estudiantes con mejores resultados en las pruebas
icfes tiene como propósito inmediato una transferencia de fondos públicos de
las universidades públicas a las universidades privadas, y en el mediano plazo
pretende eliminar la financiación estatal de las Universidades Públicas. Igual
que acontece con la salud y los servicios públicos, cuyas reformas no han hecho
más que acelerar su incorporación al mercado, ignorando que son derechos
fundamentales de los ciudadanos. La lista de políticas sociales y económicas
implementadas por los últimos gobiernos y profundizadas por Juan Manuel Santos
sería muy larga para agotarla aquí, pero las mencionadas son suficientes para
dejar en claro la apuesta social de este gobierno.
Y todo ello se pasa por alto ahora que en las negociaciones se define lo
atinente al tipo de justicia que se le aplicaría a todos aquellos que
cometieron crímenes atroces en esta guerra. Así el asunto de la justicia se
reduce a lo penal y a los delitos tradicionalmente considerados en el código.
Peor aún, pareciera reducirse la discusión a un juzgamiento público de los
guerrilleros, desconociendo que los gobiernos y las élites empresariales y
políticas han sido actores de primer orden en este conflicto y que sus delitos
no se limitan a organizar ejércitos y estrategias militares para frenar
procesos de resistencia social. En este sentido habría que tomarse en serio el
título de uno de los libros de Renán Vega Cantor que califica a los Economistas
Neoliberales (y en esta categoría ubica a todos los tecnócratas que aplican el
modelo) como nuevos criminales de guerra. Y es que la imposición de los planes
de ajuste estructural que exige el neoliberalismo condena al hambre y a la
miseria a pueblos enteros y de esa manera producen prácticamente los mismos
efectos que los bombardeos en las guerras del imperio.
La consigna del establecimiento es que no puede haber paz con impunidad,
pero esta consigna no expresa nunca la intención de juzgar a los funcionarios
públicos ni a los empresarios que han desarrollado la guerra desde sus
oficinas. La filosofía de las élites, bien explicitada por algunos integrantes
de la Comisión Histórica del Conflicto como Jorge Giraldo y Vicente Torrijos, es
que la guerra en Colombia no tiene ninguna causa estructural, simplemente se
dio porque algunos grupos subversivos decidieron alzarse en armas y desafiar al
Estado y a la Sociedad. Además, las negociaciones han sido siempre una
oportunidad, no para resolver estos asuntos estructurales sino para que las
insurgencias se fortalezcan militarmente y escalen la guerra. Así las cosas,
resultan demasiado conciliadores aquellos que abogan por penas bajas o
alternativas para los guerrilleros, aduciendo que para lograr la paz es
necesario sacrificar algo de justicia.
Por generoso que esto suene, esconde una tergiversación y reducción grave
del concepto de justicia, que tiene que ver sobre todo con equidad. La paz no
exige sacrificar la justicia sino al contrario hacerla efectiva. Como plantea
Jairo Estada en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto,
“Contrainsurgencia y Subversión son inherentes al orden social capitalista
imperante en nuestro país”. Pues son las condiciones concretas que dieron origen
al orden social vigente con sus modelos de acumulación y reproducción del capital
las que explican que la subversión también se haya expresado de forma militar.
Durante el proceso de constitución del capitalismo se han estructurado y
activado múltiples dispositivos de preservación del poder y la dominación de
clase, sustentados en la “combinación de todas las formas de lucha” por parte
del bloque dominante. Esto quiere decir que la élite en Colombia no ha dudado
en apelar a la violencia y a las armas para enfrentar los movimientos sociales
de protesta y rebeldía. De hecho ha privilegiado estas formas, antes que el
diálogo y la concertación, para enfrentar la protesta social. Con ello ha
forzado la subversión armada como forma de respuesta. Entonces la
responsabilidad por todos los impactos de esta guerra habría que imputársela en
primer lugar al sistema económico y político imperante, sobre todo al Estado.
Desde luego, esto no se resolvería con que todos los responsables por parte
del establecimiento fueran a la cárcel por muchos años. No obstante, no pueden
seguir negando sus responsabilidades y sosteniendo el orden social y económico
injusto en que se han hecho poderosos; no pueden seguir simulando voluntad de
paz y achacándole a la insurgencia todos
los tropiezos en las negociaciones, mientras con sus políticas ahondan la
exclusión, la desigualdad y la miseria.
Una verdadera justicia que nos acerque a la paz tiene que ver no con
cuántos van a la cárcel y por cuánto tiempo sino con las reformas radicales que
se hagan en las estructuras sociales como forma de eliminar las causas
estructurales del conflicto social. No sabemos si las FARC o el ELN estarán en
capacidad de negociar estas transformaciones con el gobierno, dado que es una
puja bastante fuerte en donde el gobierno insiste en en no cambiarán nada en el
orden social imperante. Lo que sí sabemos que esa es la lucha fundamental de
los movimientos y organizaciones sociales y populares, y que las negociaciones
entre la insurgencia y el gobierno pueden y deben darle un nuevo aliento a
dichas luchas a la vez que la dinámica de estas en la calle puede y debe
contribuir a fortalecer las posiciones de la insurgencia en las mesas de
negociación a favor de estas transformaciones. Lo ideal es que lográramos construir
una mesa social por la paz, para llegar a un gran diálogo nacional que
posibilite acuerdos entre todos los actores del conflicto (los afectados por el
sistema de acumulación y los que lo impulsan). Al fin de cuentas no debemos
permitir que tanto desgaste como el que se necesita para sostener un proceso de
negociaciones por varios años tenga de entrada como propósito que todo siga
igual o peor.
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